Por José María Villalta Floréz-Estrada Hoy en día la aprobación previa de una evaluación de impacto ambiental (EIA) es una condición ineludible para que sujetos privados puedan obtener concesiones para la construcción y operación de marinas turísticas.

Pero en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley de reforma a la Ley de Marinas (14.836) que, entre otros cambios dirigidos a debilitar controles ambientales existentes, establece que primero se otorgarán derechos adquiridos a particulares sobre nuestras playas y el mar territorial (bienes de dominio público) y después se les pedirá demostrar la viabilidad ambiental de sus proyectos de marinas.

Los promotores de esta genialidad afirman que su objetivo es que los inversionistas “se sientan más seguros jurídicamente” ya que les facilita promocionar la venta de sus servicios, gestionar préstamos y hasta iniciar planos. También nos dicen que es un cambio “inofensivo”, porque si las EIAs son rechazadas por SETENA, las concesiones serán dejadas “sin efecto.”

Lo que no nos dicen es que se trata de una reforma inconstitucional, pues en reiteradas ocasiones la Sala IV ha dicho que esta idea de exigir “los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos en favor del interesado.” (Votos Nº 6240-93, 2001-4245, 2002-1221 y 2004-13414)

Tampoco nos dicen que esta “concesión temporal” es la misma que se había incluido en el artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos y que la Sala anuló por las razones apuntadas. Al igual que el proyecto de marinas, esa norma también “condicionaba” las concesiones petroleras a la aprobación posterior de la EIA.

Desde 1993 se había advertido sobre la inconstitucionalidad de dar derechos a las trasnacionales sobre bienes de todos los y las costarricenses antes de que hayan probado que lo que quieren hacer con ellos no dañará el ambiente. Pero los diputados igual aprobaron la Ley de Hidrocarburos con ese defecto, lo que permitió que en 1999 el Gobierno le diera una concesión a la trasnacional Harken para explorar y explotar petróleo en el Caribe, a pesar de que nunca demostró la viabilidad ambiental de su proyecto. Esto provocó un conflicto social de gigantescas proporciones que se agravó en 2002 cuando la SETENA rechazó el EIA presentado por Harken. Como era de esperar, la empresa presentó demandas multimillonarias contra el Estado costarricense por haber violado sus “derechos legítimos derivados del Contrato de Concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos.”

Este conflicto podría haberse evitado si la Asamblea hubiera escuchado. Pero hoy como ayer, los promotores del “proyecto de marinas”, no aprenden de los errores del pasado. En carta enviada a los diputados cientos de vecinos del Comité Unido por Talamanca advierten sobre los beneficios indebidos que la reforma traerá para los inversionistas que pretenden construir una mega-marina frente a las hermosas playas de Puerto Viejo: “al tener ya una concesión cuentan con un arma poderos para presentar millonarias demandas contra el país, alegando que se les está afectando sus derechos adquiridos si con posterioridad esa concesión es revocada.” ¿Y los diputados? Oídos sordos.

Lo más grave es que esta reforma va de la mano con el TLC. Perfectamente podríamos incluirla en la agenda de implementación. La petrolera Harken había intentado demandar a Costa Rica por 57 mil millones de dólares ante los tribunales privados internacionales del Banco Mundial. Pero como el TLC no estaba aprobado, no pudo obligarnos a ir a estos juicios desiguales donde Mr. Zoellick nombra los jueces. Ahora las trasnacionales de las marinas sí podrán, cada vez que nuestras autoridades no den viabilidad ambiental “express” a sus proyectos.

Con la ley actual los inversionistas que carecen de proyectos viables en lo ambiental, solo tienen una “expectativa de derecho”. En cambio, ahora podrán decir que se les están “expropiando” sus derechos consolidados, si la SETENA rechaza tales proyectos. Y tendrán mejores condiciones para “torcerle el brazo” a las autoridades locales ¿Cómo les van a declarar los proyectos inviables si ya gestionaron préstamos millonarios?

La participación de la gente afectada también quedará diezmada, porque las audiencias públicas serán cuando ya se dieron los derechos a los transnacionales. Es decir, sigue la guerra contra la naturaleza y las comunidades. ¿Cuánto más vamos a aguantar?