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 Bernardo Aguilar González Director
Ejecutivo Fundación Neotrópica. La acción de protesta de los pequeños
pescadores en Puntarenas, semanas atrás, nos presentó un conflicto complejo y
de difícil solución técnica con las herramientas que cuenta nuestro
ordenamiento jurídico. Los intereses en conflicto nos retaron a un examen más
allá de reduccionistas dicotomías.
Se trataba de pescadores que
protestaban porque no se les permitía el aleteo sin traer al tiburón completo
de vuelta. Ello es inaceptable desde una perspectiva conservacionista, pues es
sabido que el incentivo negativo del mercado de las aletas está llevando a la
extinción a diversas especies de estos escuálidos.
Empero, es difícil no ver el
contraste social que hicieron evidente cuando obstruyeron las actividades de
las compañías de cruceros con su bloqueo. La pregunta subyacente: “¿por qué se
nos regula proporcionalmente tanto a nosotros y no a estas grandes compañías
multinacionales que causan impactos ambientales significativos con sus
cruceros?” Podría argumentarse que las “mega” operaciones turísticas generan
significativos ingresos para el país. Este argumento se nos ha querido vender
también con la publicidad de Las Crucitas para promover su operación minera.
Solución de conflictos
ambientales. Cabe entonces reflexionar sobre la calidad del sistema político.
¿De veras se podrá entender una democracia como a una compañía mercantil, donde
quien contribuye más económicamente tiene más derechos? En una democracia
igualitaria esta categorización de “calidades” entre los participantes no es
sólo inapropiada, sino que ha demostrado hoy su pérdida de credibilidad
(economía política del goteo propia del neoliberalismo).
Así, los instrumentos institucionales
deben evolucionar. Costa Rica carece de suficientes mecanismos para la
resolución de estos conflictos ambientales. Por ejemplo, los formatos de
estudio de impacto ambiental y análisis de costo beneficio que utiliza la
SETENA han demostrado ser insuficientes. La economía ecológica y la ecología
política ofrecen herramientas para integrar estos elementos con valoraciones de
multicriterio, que abren los procesos de evaluación a todos los intereses
afectados, especialmente a las comunidades más cercanas a las actividades.
Estos instrumentos descentralizan el control vertical que privilegia al gran
interés económico en los instrumentos de decisión política tradicionales, y
crean un sustrato democrático ecológico que favorece el empoderamiento de regiones
más marginales. Abrir este tipo de participación ayudaría a alivianar las
disparidades que ha hecho evidente la prensa televisiva al contrastar a la
Costa Rica de Escazú con la de Talamanca ó Chirripó de Turrialba.
Imaginémonos una Costa Rica
donde los pobladores pueden participar y opinar, con posibilidad real de ser
oídos, sobre la conveniencia de los desarrollos infraestructurales o
productivos que durante décadas han sucedido en sus regiones, y que han creado
condiciones propicias para la tragedia que vivieron hace unos días. Ello no
sólo tendría impacto sobre la existencia de emergencias ambientales, sino que
contribuiría a lidiar con el impacto del cambio climático, en tanto abriría el
espacio de derechos económicos por los servicios ambientales (deuda ecológica)
que las zonas urbanas y los desarrolladores no han reconocido a estas regiones
del país.
Necesaria participación de la
sociedad civil. Podríamos así avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestra
democracia estableciendo los puentes necesarios entre los aspectos técnicos y
políticos del desarrollo. La apertura de la participación de la sociedad civil
en los asuntos ambientales es un proceso necesario para ajustarse a los
tiempos. Gradualmente, experiencias en otras latitudes nos lo están demostrando
(verbigracia CONAIE en Ecuador y los Bosques Comunales en Oaxaca, México).
En este sentido el veto al
proyecto de ley de participación ambiental merece meditación en cuanto al
potencial sustento político que lo motivó. Sabemos por recientes estudios de la
UCR que el MINAET es la institución con evaluaciones más pobres respecto al
acceso a la información.
¿Es quimérico el artículo 50
de nuestra constitución política al establecer el derecho a un ambiente sano y
un nivel de vida sostenible para todos sin canales efectivos de participación?
Las soluciones teóricas y ejemplos prácticos están a la mano. Debemos
examinarlos e internalizarlos técnica y políticamente con el fin de superar
esta tara en nuestra democracia.
Este artículo no contiene la
posición oficial de la Fundación Neotrópica y representa solamente la opinión
del autor.
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