En caso de fallas en la mina Las Crucitas:
Especialistas de UCR advierten que el proyecto Crucitas es de muy alto riesgo en una zona de alta vulnerabilidad.

Javier Córdoba Morales en Semanario Universida.Si un desastre natural o un mal diseño del embalse de oxidación del cianuro en el proyecto minero La Crucitas provocara la filtración de este peligroso líquido a aguas subterráneas, el fronterizo río San Juan se contaminaría en menos de dos horas.

Este es uno de los riesgos que el geólogo ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Allan Astorga, señaló como parte de las razones por las cuales considera que no se debió dar "viabilidad ambiental" a esta mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país. 

Las observaciones de Astorga y otros dos profesores de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR sobre este proyecto fueron conocidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) desde el 2002, pero por circunstancias poco claras estas opiniones "se perdieron" en esa entidad.

¿Y EL ESTUDIO?
Desde que se conoció el decreto emitido por el gobierno el pasado 17 octubre, en el cual se permitía a la empresa Industrias Infinito, talar una zona con árboles protegidos por ley, como es el caso del almendro amarillo, hizo crecer el interés de muchos y el añejo tema de Las Crucitas.
Uno de los argumentos de la empresa costarricense, propiedad de la canadiense Vanessa Ventures, y del propio Ministro del Ambiente, Roberto Dobles, es que hasta ahora que se dio el visto bueno a la mina, se le realizan los cuestionamientos.

Sin embargo, Edgardo Araya, abogado que presentó el recurso de amparo que detuvo la tala de árboles en Las Crucitas y activista contra esta mina desde hace varios años, recordó que un informe de la Escuela de Geología de la UCR, e inclusive uno de la Escuela de Sociología y Antropología de esta casa de estudios, presentó en el 2002 criterios y advertencias sobre el desarrollo de esta actividad.

La Escuela de Geología remitió el 3 de julio del 2002, según consta en el oficio GD-371-02, los análisis realizados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por tres profesores de esta unidad.
Sin embargo, en el oficio GD-393-02, el director a.i de la escuela, Percy Denyer, expresa a SETENA la molestia al tener que reenviar los análisis, pues estos "se perdieron".

"Para esta unidad académica es sumamente preocupante que tanto el oficio mencionado como la información enviada se hayan extraviado, y sobre todo que aún hoy, se hayan realizado varias consultas y personeros de esta institución, y no nos saben dar una explicación razonable sobre lo que ha sucedido al respecto", dice el oficio.

Allan Astorga elaboró uno de estos análisis y aseguró que posteriormente la empresa obligó a que las opiniones de la UCR fueran retiradas del expediente.

"Lo importante fue que ese documento fue de conocimiento de la SETENA, supongo que a la minera le preocupó mucho porque los tres que hicimos la revisión hicimos observaciones importantes, en el caso mío he trabajado en evolución de impacto ambiental, porque además de geólogo, fui director en SETENA, y mi conclusión era que no se tenía que dar la vialidad a ese proyecto", comentó Astorga.

CAMBIO DE DISEÑO

El Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, ha insistido en que el área deforestada por autorización del decreto firmado por él y por el presidente Óscar Arias, no afecta de forma importante a la lapa verde, especie en peligro de extinción que anida y se alimenta en los almendros amarillos de la zona en cuestión.

Sin embargo, los datos que el EIA presentado por la empresa, que constan en el análisis de Astorga, muestran que el daño va más allá de la situación de la lapa verde.

"(…) en el área sobre el cual se realizará el proyecto se presenta un bosque natural, en el que se identificaron 4 especies de flora en peligro de extinción, 16 especies categorizadas como raras; además de esto se identificó una fauna muy diversa, una especie endémica, 39 especies en listas de conservación, 10 en peligro de extinción y 5 especies de felinos, además de lapas verdes y rojas", cita el informe.

El geólogo detalló que cuando analizó por primera vez el Estudio de impacto ambiental de Las Crucitas, el diseño proyectaba una explotación sobre cerca de 165 hectáreas de terreno, a  una profundidad de siete metros bajo el suelo.

En Las Crucitas, el oro se encuentra diseminado en pequeñas partículas por todo el suelo (esa capa superficial se llama regolita) y las rocas, pero sobre todo concentrado en dos pequeños cerros que se encuentran en la propiedad.

El proyecto original contemplaba la explotación de la regolita en el área mencionada, para lo cual era necesario arrasar el bosque y levantar el suelo en un proceso que Astorga consideró "aniquilador", pues no solo se acaba con la vida sobre el suelo, sino con todo aquello que vive dentro de él, como topos o lombrices.

"Para el proyecto original, la SETENA tardó desde el 2002 hasta finales del 2004 para aprobar el estudio de impacto ambiental; durante estos dos años y medio pidió información adicional, y lo más importante, tuvo que hacer una audiencia pública, como lo dicta la ley para proyectos de alto impacto ambiental", comentó Astorga.

Pero en diciembre del 2007 la empresa presentó ante la SETENA y a la dirección de Geología y Minas un nuevo diseño, en el cual ya no explotaría el área mencionada a siete metros de profundidad, sino se concentraría en los cerros para adentrarse hasta casi 70 metros bajo tierra.

"Lo más sorprendente es que se presentó un documento de "ajuste ambiental" al proyecto el 10 de diciembre de 2007, y sorprendentemente con todo y las vacaciones de diciembre, SETENA le dio la aprobación el 8 de febrero", aseguró el geólogo.

Para este especialista es difícil comprender cómo, si el primer EIA tardó dos años y medio en SETENA, se le realizó una audiencia pública y enfrentó otros procesos; cuando se realiza un cambio en el diseño, en el que se duplica el volumen explotado, el ajuste ambiental se aprobó solo en ocho semanas.

"Ellos pusieron el proyecto como si ahora fuera mejor por reducir la extensión en la superficie, pero como aumentaron la profundidad de 7 a 70 metros, ya esto es otro cantar; al cambiar el diseño así, cambian por completo el patrón de impactos ambientales al que se puede llegar", advirtió Astorga.

MÁS RIESGO

De acuerdo con el geólogo, al duplicar el volumen de explotación, se ocupa entonces el doble de energía, de recursos, de cianuro, y las pilas para oxidar el peligroso químico también deben ser más grandes.

Para Astorga, los riesgos con el nuevo diseño son mayores que con el anterior, pues al adentrarse tanto en la tierra, existe un mayor peligro de contaminación para las aguas subterráneas ubicadas en el área del proyecto.

Como se muestra en la ilustración realizada por el geólogo, en la zona por explotar existe un acuífero que en el Estudio original se considera "poco importante" y poco más abajo está el "acuífero regional", el cual se extiende por bastantes hectáreas en esa región, y tiene descarga directa sobre el fronterizo río San Juan.

Para Astorga, no se hizo el suficiente análisis de riesgo si se considera que en el sitio existen varias fallas sísmicas, y en el cauce del río San Juan hay evidencias de actividad geológica que ha levantado las rocas del "sustrato", y que de hecho hacen ahora innavegable el río con barcos grandes.

La preocupación se da sobre todo por la condición del embalse en el cual se expone el cianuro a oxidación, pues una inundación o una ruptura del embalse por un evento sísmico o un error en el diseño, permitirían el drenaje de aguas con cianuro hacia el río fronterizo.

"Como son tres kilómetros en línea recta no tardaría ni dos horas en llegar al río y contaminaría todo el cauce para abajo con cianuro, entonces hay un riesgo serio. Hay ejemplos en el mundo donde se rompe el embalse y hay un desastre ecológico, y en este caso sería más problemático, porque incurriríamos en una contaminación transfronteriza", afirmó Astorga.

Al hacer un hueco más profundo en la tierra, el nuevo diseño trae consigo otro riesgo, lo que en minería metálica se conoce como "drenaje ácido", que se produce por la exposición al aire o al agua del mineral llamado "pirita".

La pirita es un sulfuro de hierro que se desarrolla en las mineralizaciones de oro, el cual mientras esté bajo tierra resguardado del ambiente, se mantiene estable, pero al someterse a la oxidación, sobre todo por acción del agua, el líquido se carga de ácido sulfúrico.

"Como el suelo está quebrado por la dinamita y tan cerca del nivel freático del agua, debajo de las mineras existe el riesgo de de que se desarrolle drenaje ácido, que el agua se contamine por el ácido sulfúrico, y como las aguas subterráneas están en movimiento, se pueden afectar grandes cantidades", explicó Astorga.

Otro riesgo adicional se da por el manejo de hidrocarburos en la mina, para alimentar las vagonetas y demás maquinaria, para la cual deben almacenar el diésel y gasolina en un lugar cercano.
Al romper el suelo y estar tan cerca del nivel freático, Astorga teme que por simple goteo de los vehículos, o por algún derrame accidental, los combustibles entren en contacto con los mantos acuíferos.

"Imagínese que un litro de gasolina puede contaminar hasta 3700 metros cúbicos de agua y hacerla no potable", aseveró el especialista.

Para Astorga, si se hace un balance de riesgo real, y si se realiza el cálculo de los costos que podrían tener los eventuales "accidentes", es fácil darse cuenta de que el proyecto Crucitas es de muy alto riesgo en una zona de alta vulnerabilidad.

"Por ejemplo, la posible contaminación de aguas subterráneas podría ser muy costosa. Cuando el acuífero se contamina, limpiarlo cuesta mucho, el promedio es $500 por metro cúbico, y los volúmenes de agua que se pueden contaminar son gigantescos", añadió Astorga.

El geólogo advirtió además el bajo monto de la "garantía ambiental" que impone el país, que el caso de Las Crucitas, fue solo de $600.000, el cual con dificultad alcanza para cubrir el daño ocasionado solo por la deforestación.

Para Astorga, es claro que el proyecto La Crucitas se desarrollará con tecnología que es ideal para la extracción de minerales en desiertos y climas áridos, pero no en un clima tropical.
Además criticó el hecho de que casi no se haya tomado en cuenta a las autoridades de Nicaragua, ya el área de impacto de la mina incluye territorio nicaragüense por la cercanía con el San Juan.

Astorga considera que el país se puede exponer a una fuerte demanda si se llega a contaminar el territorio de otro país, y afirmó que si bien Nicaragua tiene también sus minas, estas o son viejas, o  están lejos de la cuenca del San Juan, la cual ha decidido proteger y prohibir actividad minera a su alrededor.

Ministro Dobles:"No hay contradicción"
Producto de la firma del decreto en el cual el Ministro Roberto Dobles y el Presidente Arias declaran "de conveniencia nacional" el proyecto minero Las Crucitas, el Ministerio Público inició una investigación por el posible delito de prevaricato.

El prevaricato se da cuando un funcionario público emite una resolución que contraviene la ley, y en este caso se investiga si el decreto presidencial viola la veda sobre el almendro amarillo.

Al respecto el ministro Roberto Dobles afirmó que no existe contradicción entre la muy publicitada política de gobierno "Paz con la Naturaleza" y la siembra de siete millones de árboles con un plan de minería.

"No hay contradicción, la actividad minera es una actividad que bien realizada bajo parámetros, es lícita. Es un proyecto que tiene 15 años en distintos procesos, este gobierno había indicado que todos los proyectos de extracción de recursos naturales se podían llevar a cabo siempre que cumplieran con la triple vialidad: la ambiental, la social y la económica", afirmó Dobles.

El ministro dijo a UNIVERSIDAD que es posible manejar bien los riesgos como los que conlleva el uso del cianuro, y aseguró que se han contemplado todos los potenciales riesgos.

"Costa Rica el año pasado fue catalogado como el país número 5 en materia del índice de desempeño ambiental, por encima estaban Suiza, Noruega, Suecia y Finlandia, todos ellos tienen actividad minera, entonces no es incompatible, el asunto es cómo hacerla de tal forma para que los daños que toda actividad humana tiene, no sean importantes", comentó.

Para el jerarca, es claro que si se dieron los permisos a la empresa para seguir adelante con el proyecto y luego se le quitan, el país se expone a una millonaria demanda por inseguridad jurídica a las inversiones.

Dobles defendió el decreto que permitió la tala de los almendros amarillos, y aseguró que la empresa repondrá 50 árboles por cada almendro cortado, como medida de compensación.

Sin embargo, el abogado y activista contra la minería a cielo abierto, Edgardo Araya, afirmó que el gobierno se metió en un serio problema, pues la Sala Constitucional ya se había pronunciado antes sobre la prohibición de cortar esta especie protegida.

En su criterio, las medidas compensatorias no son suficientes, pues no se puede reponer el ecosistema dañado y los árboles tardarán mucho en crecer, por lo que en su criterio el daño es más que evidente y las responsabilidades deben sentarse.

Además del recurso presentado por Araya, el diputado José Merino y Heidy Murillo, de la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), presentaron otro recurso contra el presidente de la República y el Ministro de Ambiente, por la promulgación del decreto.

Además, el profesor de derecho de la Universidad de Costa Rica, Jorge Enrique Romero, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, invocando el artículo 50 de la Constitución Política, en el cual se establece el derecho de toda persona a un ambiente sano.
Otro grupo de profesionales de la Universidad de Costa Rica, formó el grupo "Llamado urgente al país", coordinado por Yamileth Astorga, bióloga y  coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA).

Astorga confirmó a UNIVERSIDAD que este grupo presentó un recurso en contra del otorgamiento de la "vialidad ambiental" al proyecto Crucitas, pues consideran que en este caso SETENA actuó de forma incorrecta.

También se quejó por la renuencia de SETENA a entregarle copia a este grupo del expediente del proyecto, el cual le fue solicitado desde hace meses.

"Dijeron que no podían darnos el expediente porque la empresa no lo permitía, pues tiene los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo ese expediente es público y vamos a insistir para tenerlo", comentó.

Se espera que en los próximos días, tanto el Consejo Universitario de la UCR, como la Escuela de Geología, definan una posición al respecto.