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PRONUNCIAMIENTO
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA
SOBRE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO Y EL PROYECTO LAS CRUCITAS
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“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la
debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender
la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen
a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de
sí mismo” Benedicto
XVI (Caridad en la Verdad, n.º 51).
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- Como ciudadanos
y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber
de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia
nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en
Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
- Lo hacemos apoyados
en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución,
consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho
que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo
50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello,
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho
y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará,
defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades
y las sanciones correspondientes."
- Según lo han demostrado
diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto
tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente
en zonas de rica biodiversidad como la nuestra, tales como: la remoción
de áreas de cobertura boscosa; la afectación de los suelos y de la
geomorfología; la contaminación atmosférica por polvo, plomo y mercurio
así como por la emisión de gases de efecto invernadero; la alteración
del recurso hídrico superficial y subterráneo; el consumo y almacenamiento
riesgoso de sustancias tóxicas tales como el cianuro; la afectación
a la fauna y al paisaje; así como riesgos para la salud de los trabajadores
y trabajadoras y de las comunidades circundantes, debido a los ya mencionados
contaminantes.
- Por lo que consideramos
oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido
de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más
armoniosa con la naturaleza. En este orden, no debe pesar una visión
utilitarista o economicista, sino más bien una seria valoración técnica
y ética enfocada en el balance real de riesgos y de beneficios hipotéticos
de una actividad, así como en su pertinencia para el bien colectivo.
Sigamos apostando al modelo de desarrollo sostenible impulsado por el
país y la política de paz con la naturaleza. Es importante se preste
atención a los cuestionamientos y se analicen los efectos ambientales,
sociales, económicos y legales perjudiciales del proyecto.
- No es justo que
un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien
común, divida nuestras comunidades rurales,
sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad
que se tiene con las futuras generaciones, como lo expresa el Santo
Padre Benedicto XVI: “Los costes que se derivan de la utilización
de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las
generaciones futuras.”1
- Por todo lo anterior
y con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida
Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de
la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto
número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés
público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además
de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera
metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una
moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica
a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente
marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel
Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno
que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en
la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos
la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código
de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en
la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un
enfoque de desarrollo sostenible.
Dios
bendiga a todas las personas de buena voluntad que, con espíritu agradecido,
reconocen en la naturaleza el don y el reflejo del Creador y hacen esfuerzos
por administrar adecuadamente los bienes recibidos y preservar este
maravilloso regalo.
San José,
a los 12 días del mes de enero, año del Señor 2010.
| Monseñor
Hugo Barrantes Ureña,
Arzobispo de
la Arquidiócesis de San José
Presidente
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Monseñor Ángel Sancasimiro
Fernández,
Obispo Diocesano
de Alajuela
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| Monseñor
Guillermo Loría Garita,
Obispo Diocesano
de San Isidro de El General
Vicepresidente
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Monseñor Oswaldo Brenes Álvarez,
Obispo Diocesano
de Ciudad Quesada
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| Monseñor
Óscar Fernández Guillén,
Obispo Diocesano
de Puntarenas
Secretario General
Monseñor José
Francisco Ulloa Rojas,
Obispo Diocesano
de Cartago
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Monseñor Vittorino Girardi
Stellin,
Obispo Diocesano
de Tilarán
Monseñor José
Rafael Quirós Quirós,
Obispo diocesano
de Limón
Tesorero
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