Esta consigna resume el objetivo que se está buscando desde este espacio de discusión, análisis, cabildeo, propuesta y denuncia.

Entre foros, encuentros de comunidades afectadas y en resistencia por la expansión hidroeléctrica, el grupo de energía viene construyendo esa necesaria propuesta socialmente incluyente y ambientalmente sustentable.

Y es que la expansión energética tiene un nuevo apellido: libre comercio o Plan Puebla Panamá. El financiamiento internacional y los gobiernos insisten que el desarrollo de proyectos hidroeléctricos contribuye a la reactivación económica de la región ya que se podrá atraer inversión extranjera a la que se le puede subsidiar. Así el desarrollo hidroeléctrico no está para servir a las comunidades.

Esta lucha, esta resistencia a la expansión hidroeléctrica es de importancia estratégica. Si frenamos esos megaproyectos estaremos contribuyendo muy positivamente a la construcción de un modelo energético sustentable.

El grupo de energía también lanzó durante los últimosmeses del año pasado una campaña por la derogatoriade las leyes de generación privada, creadas a inicio delos noventas con el objetivo de privatizar parte de laproducción energética. Estas leyes están desangrando alICE y a todos los costarricenses.

Sin duda en los últimos meses las presiones de lasaseguradoras privadas despertó la conciencia colectivasobre la impunidad y la indefensión de la sociedad.Como bien lo apuntó el exPresidente de la RepúblicaRodrigo Carazo Odio:

“Esa agencia, la OPIC (Overseas Private Investment Corporation), de un gobierno extranjero, según la prensa, amenazó al gobierno de Costa Rica diciéndole que "debe frenar" la intención de variar tales tarifas, aunque se trate de cumplir con el deber de defender a la gente: así de fácil... sin discutir, sin comprobar nada; simplemente, se le dice al Presidente de Costa Rica: si no frena la intención de rebajar las tarifas, su gobierno tendrá que pagar los daños a los inversionistas y Costa Rica -continúa el chantaje- habrá de sufrir el desprestigio que OPIC le hará en todo lo redondo del planeta... ¿Y la soberanía, y la protección que corresponde cumplir al gobierno en beneficio del pueblo, y las leyes y la Constitución? ¿Es sobre estas duras experiencias que quieren la privatización, que desean opere la inversión foránea?”.

Pero mientras, se mantenía una discusión sobre la nueva “Ley del Recurso Hídrico" que, se supone, iba a ser un proceso participativo y que lo que buscaba era frenar las dispersión institucional y legal existente para regular de manera integral al sector. Mientras se hablaba de la necesidad de la derogatoria de las leyes de generación privada y de iniciar una discusión sobre el modelo energético nacional, se aprueba la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el desarrollo nacional, expediente 14582.

Con esta ley se abrieron nuevos portillos para todo: debilitar al ICE, privatizar buena parte de la generación eléctrica, realizar expropiaciones, impulsar la producción térmica y permitir la producción en parques nacionales. Además de que esta ley, si no se reforma como prometió el presidente, no evitará que un generador privado con fines de lucro adopte la forma jurídica de una cooperativa para obtener concesiones.

Se autorizarán plantas hidroeléctricas con una capacidad de hasta 60 MW sin necesidad de autorización por ley especial (la Ley 7200 solo permite hasta 20 MW). Esto significa, por ejemplo, 3 veces el impacto producido por un proyecto como el de la hidroeléctrica de Toro. En fin todo aquello que se buscaba con el combo del ICE: la conclusión del proceso de privatización de los servicios públicos de electricidad que presta el ICE, ya iniciado con la Ley No.7200 de generación privada.

Los proyectos de estas cooperativas y empresas podrían entrar en contradicción con los proyectos del ICE ("amarrado", sin posibilidad de invertir etc.) o incluso sustituirlos. Las mismas asociaciones cooperativas y "empresas de servicios públicos" son las que disponen sobre la venta de energía, obligando al ICE a comprarles energía.

Como si no fueran suficientes los numerosos conflictos socioambientales que en todo el país ha creado la generación privada, ahora se está premiando una actividad que ha causado grandes impactos ambientales, sociales y económicos y que además aleja cada vez más una discusión sobre cuál debe ser nuestro modelo energético, donde podremos definir en qué lugar construir hidroeléctricas, cuáles son nuestras necesidades como país, la inversión en otras fuentes de energía y la participación ciudadana.

Es por este panorama tan difícil que el grupo de energía esta abocado a poner en la agenda nacional la importancia de promover una discusión que cada vez se hace más necesaria: definir un modelo nacional sustentable y que tenga mayor coherencia con las políticas ambientales y sociales en el que Costa Rica se está lentamente matriculando.