Pronunciamiento de FECON sobre
el proyecto, "Ley Marco de concesión para el aprovechamiento de las
fuerzas hidráulicas para la generación eléctrica". Expediente 16.949.
Considerando
Que leyes 7.200 y 7.508 para
la generación y la cogeneración privada fueron pensadas, diseñadas y aprobadas
favorecer excluidamente a un clan de 27 empresas privadas que le han arrebatado
al pueblo de Costa Rica al menos 1.522 millones de dólares, o lo que es igual,
68 millones de colones diarios o 2 millones 800 mil por hora. Con esa cantidad
de dinero se pudieron construir 5 represas como Angostura aumentando más de un
50% la capacidad de generación del país.
Que amparados en esas leyes en
los últimos años han operado en el país 29 proyectos propiedad de 27 empresas
(24 hidroeléctricas, 3 eólicos y 2 de biomasa (Ingenios El Viejo y Taboga), y
ya en el 2001 existían cerca de 45
proyectos en fases de elegibilidad y estudio que podrían ser desarrollados a
corto o mediano plazo sin que existan estudios científicos sobre planeamiento
integral del uso de recursos en las
cuencas hidrográficas nacionales.
Que Gobierno y la
Administración del ICE insisten en privilegiar a los generadores privados, a
tal punto que incluyen en el proyecto un artículo para traspasar los beneficios
de la ilegal ley 7.200, lo cual redundaría en mayores irregularidades y mejores
condiciones para los negocios privados. Así lo establece el Artículo 5 de ese
proyecto: “ARTÍCULO 5.- Derechos
del concesionario. Los concesionarios de
una explotación de agua para la generación de energía hidroeléctrica gozarán de
todos los beneficios que se indican en la
Ley N.° 7200, Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o
paralela, de 28 de setiembre de 1990, y de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y
10 de la Ley N.° 8345, Ley de participación de las cooperativas de
electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el
desarrollo nacional” (Expediente 16 949).
Que en su Informe 90/2000 la Contraloría General de La
República le ordenó al ICE frenar la estafa de la generación privada, al
indicarle: “Ordenar a la Administración de esa entidad disponer las acciones
que sean necesarias para que,
recurriendo en la vía
contencioso-administrativa, inicie un juicio de lesividad con el fin de que se
declare la nulidad e inaplicabilidad futura de los contratos con tarifa fija
ajustable que a la fecha ese Instituto haya suscrito con generadores privados
para la compraventa de energía eléctrica”.
Irregularidades que fueron comprobadas por 2 Comisiones legislativas
(1996 y 2002), la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la
República.
Que el 15 de abril del 2008,
la Procuraduría General de la República reiteró la ilegalidad de las leyes de
generación privada, ante un nuevo intento de la Administración del ICE (9 de
enero del 2008) de torcerle el brazo y facilitar el negocio de los privados. En
esta ocasión dijo la PGR: “j) Puesto que la Ley No. 7.200 no regula las
condiciones y estipulaciones propias de concesión de agua para generación
hidroeléctrica, su Reglamento Ejecutivo tampoco puede tener como contenido el
establecimiento del régimen jurídico correspondiente”. Esto es una reiteración de lo señalado el 14
de diciembre del 2007 en el Dictamen C-445-2007.
Que el país no enfrenta
problemas de abastecimiento de electricidad a pesar de que el gobierno asusta
con posibles apagones, y que más bien las leyes de los privados han obligado al
ICE a desaguar sus embalses sin turbinar el agua para crear la “necesidad” de
comprarle a los privados, misma que no es “barata” pues se genera
principalmente sin embalses a “filo de agua” y en invierno cuando más
caudalosos están los ríos.
Que no existe en el país una
seria planificación energética, ni de hidroelectricidad, más que identificación
de potenciales energéticos, y que ante esa carencia resulta una total
irresponsabilidad del Estado entregarle al sector privado local y a cualquier
inversionista foráneo, el futuro de los ríos nacionales para que lucren con
ellos.
Que el proyecto para los
generadores privados, no es un hecho aislado sino que responde a la lógica
voraz que pretende degradar el agua a mercancía para generar dinero, lo cual es
propio del modelo de globalización neoliberal que le han impuesto a Costa Rica.
Que con la entrada en vigencia
de las nuevas leyes para el ICE obligadas por el TLC, y con el proyecto de
concesión que se discute en la Asamblea Legislativa, el país iniciaría un nuevo
ciclo de crecimiento ilimitado de hidroelectricidad, poniendo en mayor riesgo
todos los ecosistemas en la cuencas nacionales, y violentando los derechos de
las comunidades afectadas.
Que el negocio de la
electricidad privada generó conflictos socio-ambientales de todo el país como
ocurrió en Sarapiquí, Jiménez de Guácimo, San Ramón y otras comunidades
nacionales como Rivas de Pérez Zeledón donde un nefasto proyecto fue frenado
con un Recurso de amparo.
Que aún con limitaciones los
proyectos del ICE cumplen de mejor forma que los privados la normativa ambiental del país, y que lejos
de flexibilizar esas regulaciones, estamos urgidos de hacerlas cumplir
irrestrictamente desde la planeación hasta la operación de cada proyecto de
generación, sea público o privado.
Que en el Consejo Directivo
del ICE, el Presidente Ejecutivo ha insistido en la aprobación de leyes para
los privados, argumentando que en cuanto a la satisfacción de la demanda
eléctrica definida por el ICE, “el 2008 es más difícil de resolver que el 2009,
en el 2009 creo que con cogeneración, con modificación de la ley en el Congreso
que debe sacarse más rápido una ley de fomento eléctrico que estimule, creo que
la suma de los cogeneradores de 20 megavatios, 10 megavatios, lo que sea es
bienvenido y creo que el 2009 puede tener mayor contribución de toda la nación”
(Pedro Pablo Quirós. Presidente
Ejecutivo del ICE. Consejo Directivo del ICE, Sesión 5796, 07-06-2007, pág
318b).
En coincidencia plena, la
dirección empresarial de UCCAEP, también ha llamado a superar cualquier
obstáculo a como de lugar con tal de expandir la generación
hidroeléctrica: “Estamos concientes de
que el ICE ha tenido problemas de carácter ambiental con ciertos sectores
ambientalistas que no permitieron el desarrollo adecuado del plan que el ICE
tuvo en el caso Pacuare; eso nos extraña mucho porque el ICE se ha siempre se
ha distinguido por trabajar en reforestación de las cuencas…,…nos parece al
sector productivo, que el gobierno en estos casos debería orientar un poco más
fuertemente y apoyar este plan de desarrollo en contra de lo que sea y llevar
adelante lo que el país necesita” (Rafael Carrillo, CD, ICE, Sesión 5796,
07,06,2007, 317b).
Por lo anterior:
Rechazamos este nuevo intento
de privatización de nuestros del agua de nuestros ríos con un proyecto que es
una clara muestra de corrupción y un intento de favorecimiento de las empresas privadas de electricidad, empezando
por el Ingenio Taboga, uno de cuyos contratos venció el 17 de junio de 2008 y
otro está vigente entre el 24 de septiembre de 1996 y el 23 de septiembre de
2016.
Instamos a los y las señoras
diputadas a no favorecer esta subasta, y más bien a liquidar leyes que condenan
a nuestro pueblo a la exclusión, mientras unos cuando aumentan sus fortunas.
Reiteramos nuestro llamado a
debatir urgentemente sobre cuál es el modelo energético que el país requiere
bajo principios de respeto a la vida, la naturaleza y los derechos de los
pueblos.
Instamos particularmente a las
comunidades que tiene proyectos privados que podrían construirse a partir de la
aprobación de esta ley como Cañas, Guácimo, Río Claro, La Cruz, Parrita, Sarapiquí, San Carlos, Turrialba Aguas Zarcas, San Vito,
Guácimo , Pérez Zeledón, Ciudad
Neilly , Cariblanco, La Fortuna,
Coronado, Guácimo, San Ramón, Abangares, Aguas Claras, Upala, Pocora,
Dota, Florencia, Corredores, Tarrazú, Upala, Bagaces, etc, a defender sus
derechos.
Información relacionada
Lista de proyectos elegibles
para generación privada (ver todos los proyectos)
Publicación de FECON sobre la
campaña contra la generación privada ( Revista
Degeneración eléctrica )
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