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Indígenas de Térraba denuncian
nuevas violaciones a derechos
elpais.cr La violación de los
derechos de los pueblos indígenas, a su autonomía que le otorga el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue denunciado por
dirigentes de las comunidades indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, en la
zona sur de Costa Rica.
Genaro Gutiérrez, presidente
de la Asociación de Desarrollo Integral de Terraba (Adit), denunció que el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), inició la construcción del
proyecto hidroeléctrico El Diquís en sus territorios sin consultar a las
comunidades indígenas afectadas.
Para Víctor Mena,
vicepresidente del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), "las
violaciones a los derechos de nuestros pueblos se dan cada día, nos ignoran,
parece que no existimos. Toman decisiones que nos afectan y no nos
consultan".
"En las últimas semanas
han hecho cambios, vía reglamento, a la Ley de Biodiversidad, y creen que con
una carta donde nos informan de las afectaciones es suficiente para decir que
fuimos consultados. El Gobierno viola el Convenio 169 de la OIT",
denunció.
"Algunos diputados han
propuesto una nueva Ley sobre Autonomía de los Pueblos Indígenas, pero rechazan
nuestro derecho a ser consultados sobre una legislación que nos afecta y que no
queremos. En el proyecto se habla de autonomía, pero es engañosa", aclaró.
"Por otra parte, anuncian
un gran proyecto hidroeléctrico, y no nos consultan, no dicen en qué nos va a
beneficiar, quieren nuestras tierras, pero no hablan de nada a cambio, quieren
nuestra agua, pero no nos pagarán nada por las ganancias que obtendrá el ICE o
las empresas que ganarán dinero con esa explotación", aseguró Mena.
El Diquís
De acuerdo con informes del
ICE, para el próximo año iniciará la construcción de proyecto que inundará
territorios de Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa, "pero el ICE ya
desarrolla trabajos y no nos ha comunicado nada", lamentó Gutiérrez.
Según informes oficiales del
ICE, la potencia de la planta (631 megavatios) equivaldrá a la tercera parte de
la producción eléctrica nacional (2.000 megavatios), abastecerá a un millón de
familias, y tendrá un costo de mil 850 millones de dólares.
Además, El Diquís tendrá un
embalse de 55 kilómetros cuadrados con el río General y reubicará a 1.100
personas. Entre las pueblos que serán inundadas están El Ceibo, Parcelas, La
Tinta, Ocochovi, Caracol, San Miguel, Remolino y La Gloria. En ellos, viven 268
familias, de las cuales 36 son indígenas, según datos oficiales.
"Sin embargo, en nuestro
territorio ya empezaron a trabajar, afectan el ambiente y construyen un
túnel", agregó Gutiérrez.
"Todo lo hacen sin
permiso. Según entendemos, para hacer esas obras como el túnel y para explotar
materiales como piedra y arena deben cumplir con una reglamentación legal, pero
no lo han hecho", aseguró Víctor Mena.
"No existe un Estudio de
Impacto Ambiental para esos trabajos, no nos informan y no piden los permisos a
las comunidades indígenas. El ICE y el Gobierno nos ignoran", destacó
Gutiérrez.
Señaló que el ICE pavimentó la
entrada del camino hasta el sitio donde está realizando las obras, "pero
no vemos animo de que nos quiera ayudar con el camino hasta Térraba
Centro".
Lamentó que cuando han
solicitado ayuda de materiales, piedra o arena, para arreglar el camino se lo
han negado.
"Incluso nos prohíben
entrar a esa parte de nuestro territorio a sacar la piedra o la arena para
mejorar el camino", precisó.
En diversas reuniones de las
Asociaciones de Desarrollo Integral de las comunidades indígenas, los
asambleístas han dicho que "el ICE debe darnos una parte, un pequeño
porcentaje de los ingresos que obtendrán por la explotación de nuestra riqueza:
el agua".
"Queremos que los proyectos
que construyan en nuestros territorios nos beneficien, pero como vemos el
desarrollo de todo no nos dan esperanza. Si no quieren consultarnos para nada,
eso nos dice que harán lo que quieran sin darnos participación", dijo
Gutiérrez durante una vista de Nuestro País a Térraba.
Finalmente, Víctor Mena
anunció que todos los casos de proyectos que afecten a las comunidades
indígenas y no son consultados como lo establece el Convenio 169 de la OIT
"serán denunciados donde corresponde, pero también daremos las peleas
donde tengamos que darlas".
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