Fracción del PAC se divide y la mitad más bien apoya el proyecto.

 
Su trámite avanza en el plenario legislativo bajo un nuevo dictamen de los actuales miembros de dicha comisión, rebautizado como "Ley de concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos".

 
José Merino, diputado del Frente Amplio, criticó el mismo nombre de la iniciativa que data de hace tres años y que en el nuevo texto señala que "no hay ningún problema en darles a las municipalidades, ¡tan honestas que son!, la posibilidad de dar la concesión y después viene el estudio de impacto ambiental. Todo esto antes de que el proyecto pueda operar, pero cuando ya se han hecho inversiones fuertes".

 
Al cierre de edición, el proyecto de ley está en vísperas de ser aprobado en primer debate. Cabe recordar que en el país se tramitan 22 proyectos para construcción de marinas y estudios científicos señalan que cada marina puede afectar diez kilómetros de litoral.

 
CRÍTICAS

El oceanógrafo Guillermo Quirós elaboró un ensayo titulado Nueva ley de marinas: Una agresión al ambiente costero, en el que hace un análisis de la iniciativa.

 
En ese texto, Quirós señala que Costa Rica se ha convertido en "el lugar ideal" para la construcción de marinas en el contexto de la apertura de seguros exigida por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), lo cual favorece a las empresas aseguradoras norteamericanas que quieran vender seguros en Costa Rica para los yates.

 
Otras razones que inciden en el atractivo del país para dichos proyectos, son su posición estratégica en la región, la "débil legislación ambiental en áreas costeras" y sus 1.400 kilómetros de línea de litoral "pletórica de bahías y bellas ensenadas", de acuerdo con Quirós.

 
El especialista se mostró muy crítico ante el proyecto de ley, pues consideró que  establece "un nuevo parámetro ambiental que disminuye el ya miope de la legislación actual: La Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), otorgada por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), gestionada a través de una Evaluación Ambiental Inicial (EAI), mediante el procedimiento vigente". Juzgó que ello es "una burla a la población costarricense".

Aseguró que ello constituye un debilitamiento de "controles y normas ambientales básicas", lo cual calificó como una "agresión al ambiente". También cuestionó que el proyecto de ley implica cambiar la vocación de turismo conservacionista a otro selectivo y de alto impacto ambiental.

Heidi Murillo, presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) calificó como "muy grave" que con este plan se busque la flexibilización de normas ambientales, "al punto de que la concesión se otorga sin estudio de impacto ambiental".

 
La activista opinó que en el texto "no existe la más mínima preocupación por los recursos naturales, sino por facilitar la explotación de una actividad que ya se ha visto no genera encadenamiento productivo".

 
Indicó que el área marítima no está en condiciones de soportar estos proyectos ni el trasiego de embarcaciones y que la flexibilización de normas va en detrimento de los ecosistemas marinos y de las comunidades, y a favor de los desarrolladores.

 
Al puntualizar sus críticas, el diputado Merino consideró que la determinación de que la viabilidad ambiental de los proyectos se estudie luego de otorgada la concesión, "violenta jurisprudencia reiterada de la Sala IV, que ha dicho que en el tema ambiental el principio precautorio está por encima de cualquier otro derecho". De esta forma, consideró al estudio previo de impacto ambiental como la única garantía de que se pueda respetar el espíritu del artículo 50 de la Constitución Política.

 
Dicho artículo establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 
De manera particular, el legislador cuestionó la ampliación en el periodo por el que se darían las concesiones. Explicó que en la actualidad, la concesión de marinas es por un plazo de 20 años, con un máximo de dos prórrogas de cinco años. El proyecto establece la concesión inicial en 35 años, con prórrogas indefinidas de diez años cada una.

 
"Eso quiere decir que van a dar concesiones de por vida, pues si después el Estado quiere recuperar lo suyo, entraría en el terreno de fuertes indemnizaciones", manifestó.

 
Merino también llamó la atención sobre los temas que quiso incluir en la redacción de la eventual ley, como condicionamientos más fuertes a las municipalidades, consultas populares a las comunidades y la garantía de que actividades pesqueras o de turismo preexistentes no se vean afectadas.

 
El legislador además se preocupó por las consecuencias que estas concesiones podrían tener en el contexto del TLC. "El problema es que una concesión es un derecho otorgado a un inversionista, a partir del cual empieza a hacer gastos y si eventualmente no reciben la autorización ambiental para que opere la marina, podrán exigir indemnizaciones que se resolverían en tribunales en el exterior".

 
Al respecto, el diputado libertario Luis Barrantes, quien forma parte de la Comisión Especial de Turismo, dijo no ver vinculación entre ambos temas: "Ésta es una ley específica de atracaderos en la que simplemente se da oportunidad de hacer más expeditos los trámites".

 
El libertario defendió el proyecto y señaló que "no nos vamos a brincar ningún requisito legal, ocurrre que la ley actual ha demostrado que no es operativa, está tramada de tal suerte que no hay forma de regular las concesiones a marinas y atracaderos".

 
En su criterio, el objetivo es "que el ordenamiento legal no sea un entrabamiento" y añadió que las marinas y atracaderos turísticos pueden significar un impulso en la generación de empleo y en dinamizar economías locales, "pero no veo que cada cien metros se pueda hacer una marina, porque no se dan las condiciones".

 
Barrantes explicó que en el seno de la comisión se buscó la "flexibilidad", tomando en cuenta los criterios técnicos ambientales de la SETENA, de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) y del Ministro de Turismo.

 
Al mismo tiempo manifestó que la marina de Los Sueños, que funciona actualmente, así como las que están "a medio camino", "igual van a tener que cumplir con estudio de impacto ambiental, pues la  Comisión (CIMAT) y las municipalidades tienen que girar los permisos respectivos".

 
Informó además que la comisión hizo una gira a la marina de Los Sueños, donde "da gusto el tratamiento que le dan a las aguas residuales y jabonosas, son inversiones serias".

 
Sobre la extensión del periodo de las concesiones, informó que fue un tema muy discutido en la comisión y que el criterio prevaleciente es que se trata de inversiones muy grandes cuya recuperación no se da en un periodo muy corto.

 PAC TIBIO

El libertario informó que el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue "muy cercano a nuestra posición" y que colaboró para que las marinas puedan concesionar con los permisos y estudios respectivos.

Precisamente el PAC ha tenido una posición algo ambigua al respecto, pues su fracción se ha partido en dos ante este proyecto.

El jefe de esa fracción, Francisco Molina, explicó que algunos de sus compañeros consideran que esta reforma implicará "mayor control sobre atracaderos y marinas actuales que ya están funcionando". Mientras que el sector que se opone "está en contra del desarrollo de marinas y siente que apoyar un proyecto como este es dar una señal política, pero con la ley actual se pueden seguir instalando las marinas".

Cuestionado sobre la extensión de los periodos de concesión, así como el hecho de que la realización del estudio de impacto ambiental pasa a hacerse luego de tal otorgamiento, Molina explicó que "mucha gente" prefiere no participar en la construcción de marinas "por el costo del estudio de impacto".

El diputado, quien apoya el proyecto, consideró que "es mejor adjudicar en la primera etapa y luego pedir el estudio de impacto, los que creemos que esto no es malo es porque queremos que sean muchos los oferentes".

Esa posición contrasta con la puntualización final del diputado Merino, para quien el proyecto "es un retroceso a lo que hoy tenemos, es un ablandamiento del problema fundamental que no son las exigencias de carácter  económico y técnico, sino el problema ambiental".