Cristina Zeledón Talamanca * por la Vida y por la Tierra Para referirme al derecho de las comunidades de ser consultadas y no implemente informadas de cualquier actividad, que para bien o para mal pueda afectarles, voy a usar un símil.

Imagínense cualquiera de ustedes que al frente de sus casas tienen un ardincito en el cual han plantado algunas flores, es el lugar donde el perrito de la casa se pasea, y adonde ustedes salen  a asolearse o implemente a ver pasar a la gente.

Bueno, cómo reaccionarían si un día de tantos llega un fulano al que ni siquiera conocen y les dice que ya él obtuvo un  permiso de la Municipalidad para instalar en SU jardincito un estacionamiento de carros. No le van a pagar por el terreno puesto que usted no lo tiene en venta. Tampoco usted  va a ser socio de ese negocio, pero el fulano le ofrece a cambio, la oportunidad de trabajar como cobrador del parqueo  y además su hijo puede ganarse unos pesos lavando los carros.

Es seguro que usted pensará que tiene una horrible pesadilla, pues como ciudadano de este país tiene sus derechos que no pueden ser usurpados por cualquier extraño, ni ninguna instancia pública ni privada, puede autorizar semejante despojo.

Pues bien, una comunidad, cualquier comunidad, es como una casa grande donde viven muchas familias como la suya y como la mía, quienes no solamente se encariñan con su lugar, sino que además han asumido como un bien común todos los componentes que constituyen su poblado: sus calles, sus parques, la plaza de futbol, el río, los árboles, etc.

En el caso de  las comunidades costeras, el jardín común lo constituye el mar y la playa.  Es el lugar adonde van a disfrutar, a hacer deportes, a pescar...Es el lugar de recreación y de encuentro.  Es parte de su hábitat.

Pues bien, en esos jardines de muchas comunidades del país, resulta que el Instituto de Turismo ha decidido que son los lugares indicados, para que empresas desconocidas construyan ¡!! gigantescas marinas!!

Para evitar que los pobladores se opongan a que les roben su lugar, los dueños de estas empresas se las han agenciado, convenciendo a funcionarios públicos y a algunos diputados para que hagan una ley que proteja sus intereses, “seguridad jurídica” la llaman.

A esos pobladores inconformes se les comunicará en qué consiste ese mega-proyecto cuando ya todo el proceso esté bien amarradito.

Sin embargo, todavía tendrán derecho a patalear, berrear, llorar, pero nada más...

Sus queridas playas  pasarán a ser territorio de esas personas extrañas que las utilizarán como garaje de sus elegantes yates. Y su mar azul se convertirá en el basurero de todos los desechos que la operación misma de esos barcos obligatoriamente irá a producir.  Y ¿su agua?, ¿su a veces escasa agua potable? tendrá que cedérsela a los importantes inversionistas ya que ahora ellos son los señores de la zona.

Volviendo al símil anterior, si el señor que le advierte que  su jardín lo van a convertir en un estacionamiento  le anuncia además que en el jardín del vecino van a poner un lujoso bar, donde sus hijas tendrán la oportunidad de servir como saloneras y ganar buenas propinas, porque los señores que irán allí tienen mucha plata.

No hay duda de que su pesadilla lo hará despertar de un brinco y gritar a los cuatro vientos la agresión de la cual está siendo objeto y mover cielo y  tierra para que ese mal sueño no se convierta en realidad.

Bueno, pues si es abominable el despojo que se le pueda hacer a una persona, mucho más lo es el que se le haga a una comunidad entera, peor aun a una veintena de comunidades costarricenses.

El objetivo principal del proyecto de ley que hoy venimos a denunciar, busca fundamentalmente simplificar trámites que favorezcan a los eventuales inversionistas, sin tomar en cuenta que  esos proyectos sin los debidos controles ambientales   contaminarán los mares que pertenecen a  todos los costarricenses destruyendo los sistemas ecológicos marinos que son fuente de riqueza natural. Y  que  a los pobladores de esas comunidades además de despojarlos   de sus playas, sus  costumbres y cultura tradicional se verá seriamente amenazada y como si todo esto fuera poco, también  se  pondrá en peligro  las fuentes de trabajo turísticos que hoy les dan de comer.

Algunas de las personas que hemos tomado conciencia de las amenazas y riesgos de ese  Proyecto de Ley, que ha sido analizado en esta Asamblea Legislativa desde una óptica muy estrecha, respetuosamente, pero con mucha vehemencia hoy pedimos a los señores y señoras diputados y diputadas que vuelvan su mirada más allá de los intereses económicos de unas cuantas empresas y que de ninguna manera le den trámite a ese proyecto  en un eventual segundo debate.

(*) Participación de Cristina Zeledón durante el Foro la nueva ley sobre marinas y atracaderos turísticos, el día 14 de octubre en la Asamblea Legislativa.