Cristina Zeledón Talamanca * por la Vida y por la Tierra Para referirme al
derecho de las comunidades de ser consultadas y no implemente informadas de
cualquier actividad, que para bien o para mal pueda afectarles, voy a usar un
símil.
Imagínense cualquiera de ustedes que al frente de sus casas tienen un ardincito
en el cual han plantado algunas flores, es el lugar donde el perrito de la casa
se pasea, y adonde ustedes salen a asolearse o implemente a ver pasar a
la gente.
Bueno, cómo reaccionarían si un día de tantos llega un fulano al que ni
siquiera conocen y les dice que ya él obtuvo un permiso de la
Municipalidad para instalar en SU jardincito un estacionamiento de carros. No
le van a pagar por el terreno puesto que usted no lo tiene en venta. Tampoco
usted va a ser socio de ese negocio, pero el fulano le ofrece a cambio,
la oportunidad de trabajar como cobrador del parqueo y además su hijo
puede ganarse unos pesos lavando los carros.
Es seguro que usted pensará que tiene una horrible pesadilla, pues como
ciudadano de este país tiene sus derechos que no pueden ser usurpados por
cualquier extraño, ni ninguna instancia pública ni privada, puede autorizar
semejante despojo.
Pues bien, una comunidad, cualquier comunidad, es como una casa grande donde
viven muchas familias como la suya y como la mía, quienes no solamente se
encariñan con su lugar, sino que además han asumido como un bien común todos
los componentes que constituyen su poblado: sus calles, sus parques, la plaza
de futbol, el río, los árboles, etc.
En el caso de las comunidades costeras, el jardín común lo constituye el
mar y la playa. Es el lugar adonde van a disfrutar, a hacer deportes, a pescar...Es
el lugar de recreación y de encuentro. Es parte de su hábitat.
Pues bien, en esos jardines de muchas comunidades del país, resulta que el
Instituto de Turismo ha decidido que son los lugares indicados, para que
empresas desconocidas construyan ¡!! gigantescas marinas!!
Para evitar que los pobladores se opongan a que les roben su lugar, los dueños
de estas empresas se las han agenciado, convenciendo a funcionarios públicos y
a algunos diputados para que hagan una ley que proteja sus intereses,
“seguridad jurídica” la llaman.
A esos pobladores inconformes se les comunicará en qué consiste ese
mega-proyecto cuando ya todo el proceso esté bien amarradito.
Sin embargo, todavía tendrán derecho a patalear, berrear, llorar, pero nada
más...
Sus queridas playas pasarán a ser territorio de esas personas extrañas
que las utilizarán como garaje de sus elegantes yates. Y su mar azul se convertirá
en el basurero de todos los desechos que la operación misma de esos barcos
obligatoriamente irá a producir. Y ¿su agua?, ¿su a veces escasa agua potable?
tendrá que cedérsela a los importantes inversionistas ya que ahora ellos son
los señores de la zona.
Volviendo al símil anterior, si el señor que le advierte que su jardín lo
van a convertir en un estacionamiento le anuncia además que en el jardín
del vecino van a poner un lujoso bar, donde sus hijas tendrán la oportunidad de
servir como saloneras y ganar buenas propinas, porque los señores que irán allí
tienen mucha plata.
No hay duda de que su pesadilla lo hará despertar de un brinco y gritar a los
cuatro vientos la agresión de la cual está siendo objeto y mover cielo y
tierra para que ese mal sueño no se convierta en realidad.
Bueno, pues si es abominable el despojo que se le pueda hacer a una persona,
mucho más lo es el que se le haga a una comunidad entera, peor aun a una
veintena de comunidades costarricenses.
El objetivo principal del proyecto de ley que hoy venimos a denunciar, busca fundamentalmente
simplificar trámites que favorezcan a los eventuales inversionistas, sin tomar
en cuenta que esos proyectos sin los debidos controles
ambientales contaminarán los mares que pertenecen a todos los
costarricenses destruyendo los sistemas ecológicos marinos que son fuente de
riqueza natural. Y que a los pobladores de esas comunidades además
de despojarlos de sus playas, sus costumbres y cultura
tradicional se verá seriamente amenazada y como si todo esto fuera poco, también
se pondrá en peligro las fuentes de trabajo turísticos que hoy les
dan de comer.
Algunas de las personas que hemos tomado conciencia de las amenazas y riesgos
de ese Proyecto de Ley, que ha sido analizado en esta Asamblea
Legislativa desde una óptica muy estrecha, respetuosamente, pero con mucha
vehemencia hoy pedimos a los señores y señoras diputados y diputadas que
vuelvan su mirada más allá de los intereses económicos de unas cuantas empresas
y que de ninguna manera le den trámite a ese proyecto en un eventual
segundo debate.
(*) Participación de Cristina Zeledón durante el Foro la nueva ley sobre
marinas y atracaderos turísticos, el día 14 de octubre en la Asamblea Legislativa.
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