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Reformas aprobadas a ley de vida silvestre
jueves, 13 de noviembre de 2008
Por José María Villalta. Quería ampliar la información que difundimos la semana pasada sobre la aprobación en la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 15.673, que reformó varios artículos de la Ley de Vida Silvestre (7317) Este proyecto fue votado en SEGUNDO DEBATE el miercoles 5 de noviembre y no en primer debate como se informó por error. Lo que significa que solo le falta la firma del Poder Ejecutivo para ser Ley de la República.
Se trata de una reforma de suma trascendencia, que, sin embargo, ha pasado casi desapercibida por la prensa. Tal vez esto sea mejor, para evitar que traten de enterrarla como está ocurriendo con la Ley de Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales.


Los cambios introducidos en este proyecto son realmente importantes para combatir la total impunidad que reina en el país en cuanto a violaciones a las leyes ambientales. Algunos de los más destacados son:


*       Protección de las aguas. Se restablece el delito de contaminación de aguas con penas de cárcel (sin multa) Este delito existe desde la creación de la Ley 7317 (artículo 132) Sin embargo, había resultado casi imposible aplicarlo por errores en la fijación de las penas y porque estaba mal ubicado al final de la ley, lo que llevó a considerarlo como una contravención. Quizás lo más importante de la reforma es que amplía el tipo penal para castigar no solo a quién arroje directamente y sin permiso basura, desechos o sustancias contaminantes a los ríos y demás fuentes de agua, sino también a quién haga lo mismo en los cauces de los cuerpos de agua y en sus áreas de protección. Este cambio es trascendental porque en la mayoría de casos de contaminación que están sufriendo hoy en día las comunidades es muy dificil probar la contaminación directa de las fuentes de agua. Muchas veces estas se contaminan porque se arrojaron sustancias contminantes en las áreas aledañas, por ejemplo en las áreas de protección de las nacientes de agua. Mediante esta reforma podría castigarse penalmente a quienes realizan tales prácticas, por ejemplo a más de una empresa piñera.

*       Protección de los humedales. El delito de drenaje de humadales existe también desde la aprobación de la ley 7317 en 1992 (art. 103) Sin embargo había resultado muy difícil aplicarlo, a pesar de que la destrucción de manglares, lagunas y demás humadales es "pan de todos los días" en nuestro país. En primer lugar la Sala IV anuló la pena de cárcel para este delito, por lo que quedó con una multa ridícula. Además, hay varias prácticas dañinas de los humedales que no están tipificadas. La reforma establece penas de carcel (sin derecho a cambiarlas por multa) Además, amplía el ámbito de cobertura del tipo penal para que se aplique  no solo a quienes drenen humedales sino también a quienes los rellenen, resequen o destruyan por cualquier medio.

*       Protección de la fauna silvestre contra la caza ilegal y el tráfico de especies. El proyecto declara la caza ilegal o la destrucción de nidos de animales en peligro de extinción o con poblaciones amenazadas en cualquier parte del territorio nacional como delito castigado con pena de cárcel (sin multa) Con esto se restablecen y amplían las penas para este grave delito, que también habían sido declaradas inconstitucionales. Además se sanciona más rigurosamente a quién cace sin permiso especies que no están en peligro, cuando este acto se realice en áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado o también en áreas privadas destinadas a la conservación. Esto último es muy importante porque fortalece la protección para reservas privadas o áreas destinadas al pago de servicios ambientales. También se incrementan notablemente las penas por el tráfico ilegal (comercio, importación, exportación) de especies en peligro de extinción, actividad que puede ser incluso más dañina y destructiva que la cacería ilegal como acto aislado.


*       Corrección de errores en las penas de carcel y aumento de las penas de multa. Una de las principales razones por las que hoy en día prevalece la impunidad en delitos contra la flora y la fauna silvestre es que prácticamente en todos los delitos las penas de cárcel han sido declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional por errores en su formulación y las penas de todas las contravenciones también. Además, las multas que siguen vigentes son totalmente ridículas y están desactualizadas (se fijan en montos nominales y no hay un sistema de actualización permanente) al punto de que sale más rentable pagarlas que dejar de traficar con especies protegidas. Esto ha llevado a que los guardaparques de todo el país queden "atados de manos", pues aunque atrapen cazadores ilegales, resulta casi imposible sancionarlos. De hecho algunos han manifestado que no tiene sentido arriesgar la vida persiguiéndolos, "si al final no pasa nada". Estos problemas se corrigen de raíz. El proyecto reestablece las penas de cárcel e incrementa las penas de multa para todos los delitos contra la flora y la fauna silvestre, utilizando el sistema de fijación a través de salarios base. Las penas se fijarán según la gravedad de la infracción y pueden ser, alternativamente, de carcel o de multa. En el caso de que el infractor no pueda pagar la multa, ésta se sustituye por la pena de prestación de servicios de utilidad pública, que puede resultar de mucha utilidad en nuestras áreas silvestres protegidas.


*       Se crean nuevas infracciones. El proyecto sanciona conductas que hoy en día no están castigadas aunque pueden causar graves daños a la vida silvestre o contribuir a su deterioro. Por ejemplo, se crea el delito de liberación al ambiente de especies exóticas (sin permiso) También se califica como contravención (pena de multa) la tenencia sin permiso de especies de animales silvestres en cautiverio, práctica hoy impune que incentiva el tráfico ilegal. También se crea la contravención de ingresar sin permiso a áreas protegidas portando armas u objetos para la caza, la pesca o la extracción ilegal de especies. Esta última medida es muy importante para prevenir la caza ilegal o detenerla antes de que se produzca, porque muchas veces es difícil demostrar la comisión de este delito en si, pero ahora al menos se podrá imponer multas y decomisar equipos a quienes realizan estas prácticas por el solo hecho ingresar a los parques nacionales portando instrumentos aptos para la caza ilegal.


*       Se extiende la responsabilidad a los grupos económicos. En el artículo 130 se establece la responsabilidad solidaria de las personas jurídicas y grupos económicos vinculados con el autor de los delitos contra la vida silvestre. Esta responsabilidad rige para el pago de las indemnizaciones y la reparación integral de los daños ocasionados al ambiente. Esto es muy importante, porque usualmente detrás de los infractores ambientales hay poderosos grupos económicos que, en muchas ocasiones no se hacen responsables de esos daños.


*       Se fortalece el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La reforma aprobada al artículo 11 de la Ley 7317 establece que los montos recaudados por el pago de las multas por los delitos establecidos en esta ley y los demás ingresos del Fondo de Vida Silvestre serán girados directamente a dicho fondo, sin tener que pasar por la Caja Única del Estado. Esto permite que el SINAC pueda disponer más agilmente de estos recursos para proteger las áreas silvestres protegidas.


A fin de que puedan analizar con mayor detenimiento y divulgar ampliamente estos y otros cambios introducidos por esta reforma, adjunto la redacción final de la ley aprobada, junto con la exposición de motivos del proyecto original y la explicación del dictamen en la Comisión de Ambiente.


Es importante destacar que esta reforma es una iniciativa presentada en 2003 por el exdiputado Gerardo Vargas Leiva. El proyecto fue rescatado del archivo y delegado a la Comisión Plena Primera gracias a una iniciativa del diputado José Merino del Río, que contó en todo momento con el apoyo de la diputada Mauren Ballestero Vargas.


Finalmente, he de contarles, con orgullo, que el proyecto original también es un fruto del trabajo del equipo de producción del programa Era Verde de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. A partir de un foro de discusión realizado en 2003 sobre las amenazas que enfrenta la vida silvestre en nuestro país surgió la idea inicial de plantear estas reformas a la ley.
 
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