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Este referéndum ¡no!
viernes, 03 de julio de 2015
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Por Mauricio Álvarez M, Profesor Kioscos ambientales UCR y Presidente de la FECON

Una asociación de Sarapiquí busca que el Estado y municipalidades deban consultarle todo plan ambiental de manera obligatoria, para esto la iniciativa pretende reformar al Artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente N º 7. Esta propuesta es considerada inconstitucional pues implica un tratamiento desigual ante la ley y monopolizaría el derecho humano a la protección del ambiente según los criterios del departamento de Servicios Técnicos en el Congreso y  de la Universidad de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia.

La asociación activó dos vías para su objetivo, por un lado en la corriente legislativa mediante el padrinazgo del ex diputado Justo Orozco quien presentó la propuesta de reforma mediante el proyecto de ley N°18.306 y por otro, la recolección de firmas para obligar al Tribunal Supremo de Elecciones a realizar un referéndum donde se vote a favor o en contra de  la reforma.

Según la asociación el mínimo de firmas requerido está a punto de completarse, lo que ha despertado inquietud y extrañeza dado que tanto la reforma como la convocatoria a un referendo nacional no parecen tener sentido en el tanto desvirtúan el espíritu y la pertinencia de la consulta ciudadana.

Y es que resulta discriminatorio un proyecto hecho con base en el derecho a la consulta popular pero exclusivo para una organización cuando existen miles de otras organizaciones, colectivos, comunidades, grupos de hecho, que se dedican a la defensa del ambiente. Para darnos una idea, un estudio en 1998 había identificado más de 10 mil organizaciones con agenda o gestión ambiental en Costa Rica y fue actualizado por la Dirección de Sociedad Civil del MINAE (2001) arrojando un resultado de 14 mil organizaciones de diversa naturaleza, aunque no existe un estudio reciente, el sector ambientalista afirma que este número ha aumentado sustancialmente,  dado que es constante la aparición de organizaciones locales en respuesta al aumento de focos de crisis y conflictividad ambiental en el país.

Como ecologistas aclaramos que aplaudimos y apoyamos que la gente se organice y que busque mayor participación para la defender el ambiente y mejorar su calidad de vida, pero no en detrimento de los derechos colectivos. De hecho el movimiento y la sensibilidad ambiental en este país han hecho la diferencia entre el fantasioso discurso ambiental oficial y la realidad negativa que enfrenta los ecosistemas y las comunidades.

Sabemos que sin participación popular no se podría haber logrado detener la minería, las exploraciones petroleras, la expansión descontrolada del banano, la defensa del Golfo Dulce contra la transnacional Stone Forestal, el combo del ICE  o lograr detener por años el TLC.

Cabe destacar que desde el movimiento ambiental sabemos bien las trabas a las propuestas de iniciativa ciudadana, ya vivimos la experiencia proponer dos proyectos de ley por iniciativa popular -mediante la recolección de miles de firmas - para tener una ley de vida silvestre o una ley de aguas que en este úlitimo caso los diputados actuales de niegan a refrendar. Somos el sector más activo para solicitar y realizar plebiscitos en defensa del agua en Sarapiquí (2000), Guácimo (2001) y Turrialba (2005).

Además mediante el mismo mecanismo de solicitar un referéndum logramos en 2008 juntar más de 100 mil firmas para someter consultar la aprobación del Convenio UPOV que fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum.

También, ha sido un hito inspirador la lucha contra los cultivos transgénicos que ha movilizado todas las bases comunitarias y sociales, expresadas en 75 declaratorias de municipios libres de transgénicos, marchas constantes y una importante reivindicación de la soberanía alimentaria del país. 

Como sector hemos apoyado, junto a las comunidades, una nueva forma de “municipalismo ecologista” sustentado en la autonomía, la libre determinación y derechos humanos y ambientales, mediante acuerdos y moratorias por la defensa del agua en Guácimo (2008), Pococí (2012),  Coto Brus (2014), Buenos Aires (2013), Upala (2015).

Entre 1994 y 2013 el Estado de la Nación contabilizó 486 de acciones colectivas o protestas sobre asuntos ambientales. Las comunidades han ganado terreno, son cada vez más sus denuncias y su protagonismo en movimientos de alcance nacional como en Sardinal de Guanacaste por la defensa del agua (2007), o contra la Marina en Puerto Viejo (2008) y Talamanca contra la minería (2009) o recientemente en la defensa del agua en Potrero Grande.

En los últimos años se han ido consolidando importantes derechos de defensa ambiental para las actuales y  sobre todo para futuras generaciones, derechos de tercera generación los llaman. Y hasta se ha logrado que la misma naturaleza sea sujeto de derecho, como lo han logrado conquistar pueblos indígenas y organizaciones en Suramérica.

Tan biodiversa es Costa Rica como diverso es su movimiento socioambiental y a eso debe la riqueza de sus conquistas, sería muy simplista, erróneo y peligroso afirmar que una sola organización o red representa su totalidad. Por ejemplo FECON en sus 26 años de trabajo representa solo una fracción, en su caso más institucionalizada por lo tanto tiene un carácter consultivo para instancias de Estado y representación oficial en otras de participación creadas por Ley de la República. Una grada más arriba la Alianza de Redes Ambientales (ARA) o está el Bloque Verde que es una expresión más lúdica-activista, pero también hay frentes o redes de tortugas, mares, humedales, movilidad urbana, agricultura orgánica y más.

Pero la defensa del ambiente va más allá de las organizaciones o redes, incluye a quienes buscan justicia social y un mundo más sano. Por lo tanto, no podemos cerrar puertas a nadie permitiendo esta reforma absurda en el tanto niega el sentido mismo y pertinencia de la consulta popular así como el espíritu del ecologismo popular comunitario. Y por otro lado desvirtúa el mecanismo del referéndum, tal y como sucedió con el primer y único realizado hasta el momento en Costa Rica en 2007, llevado a cabo sin información oportuna, veraz y accesible para que se ejerciera un voto informado, y por lo contrario privó el voto ignorante empujado “a punta de miedo” a favor del “sí”.

Las y los diputados aún tienen la posibilidad de votar para archivar este proyecto que no resulta en beneficio para el ambiente, y darle fin al referéndum tal y como nos hicieron con UPOV en 2008 cuando en aquel momento sí había razones de fondo para llevarlo a cabo, ahora con toda razón cabe detener la propuesta de convocar al país entero para decidir sobre una reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Con esta acción el poder legislativo garantizaría que se respeten los derechos conquistados, de lo contrario nos corresponde de nuevo judicializar el caso.

 
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