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Pesca de arrastre: minería a mar abierto
viernes, 11 de marzo de 2016
arrastrepescaMauricio Álvarez M, presidente FECON y profesor UCR

A pesar de que el gobierno diga lo contrario, ni con apoyo social y político significativos, ni con consenso, el poder ejecutivo presentó el proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica (expediente Nº 19.838), por medio del cual busca reanudar la pesca de arrastre, declarada inconstitucional por la Sala IV.

¿Por qué no tiene apoyo social? Lo intensivo, poco selectivo y, por tanto, ineficiente, de la pesca de arrastre, la hace tan nefasta como la minería a cielo abierto, actividad que ya fue rechazada por el pueblo costarricense por tener una negativa relación costo/beneficio en términos socio-ambientales.

Así como la minería a cielo abierto remueve y destruye enormes cantidades de suelo y subsuelo, hasta una tonelada para extraer tan sólo 0.01 onzas de oro, de la misma manera la pesca de arrastre implica que se raspe, literalmente, el fondo marino y, por tanto, arrase con toda la vida que encuentre, para obtener solo entre un 20% y 10% de camarón, mientras mata hasta un 90% de fauna diversa. Sí, así de absurdo y destructivo.

Minería y arrastre requieren ser expansivos. La pesca de arrastre necesita miles de kilómetros para generar ganancias, solo el año pasado se "rasparon" unos 2300 kilómetros de fondo marino, dejando devastación de gran magnitud: 3500 toneladas de organismos y peces muertos, con apenas unas 27 licencias (Marviva, 2016). ¿Cuál sería la proyección a futuro sumando décadas de explotación pasadas con el triple de licencias que hoy siguen vigentes?

Dadas las características de la pesca de arrastre, la Sala Constitucional la prohibió y ordenó al INCOPESCA no emitir nuevas licencias para esta técnica, ni renovar las existentes, dejando que caduquen estas 27 licencias "hasta que se lograra una ley y una tecnología que asegurara la sostenibilidad de la práctica". Sin embargo, esa sostenibilidad difícilmente será alcanzada por una técnica considerada destructiva a nivel mundial, más allá de su escala o renovación tecnológica, como sucede con la minería a cielo abierto.

Se suma al malestar ante este proyecto que, por un lado, se crea una comisión a la medida de los interesados comerciales, así como está constituida la junta del INCOPESCA, y por otro, la oferta de condiciones preferenciales a los “afectados” por el vencimiento de las licencias una vez que fuese aprobado el proyecto, no queda duda de la fuerte influencia de este grupo para seguir su millonario negocio, con el portillo abierto para renovar las licencias.

El trato preferencial ofrecido es inconstitucional al discriminar el resto de la sociedad. Los pescadores artesanales son afectados de manera directa y de una u otra forma todas y todos los costarricenses, incluyendo a quienes no han nacido.

 

El proyecto, además, implica hacer una serie de estudios y evaluaciones previos para examinar la sostenibilidad de la actividad y así poder reglamentarla, pero en el planteamiento del mismo parece como si contara de antemano con que dichos estudios y evaluación dirán que es sostenible, ¿la carreta delante de los bueyes?.

Engaño. En Costa Rica “somos” 92% océano y en crisis, deberíamos entonces liderar la protección de los mares del mundo con una prohibición permanente a esta “minería”. Sin embargo, el gobierno presentó este proyecto de ley de la mano de un mal llamado diálogo de participación ciudadana, en cuyo caso sería más propicio llamarle "monólogo de des-participación", que se suma a la burla de sus propios compromisos de campaña política, cuando sonó muy bien decir “no a la renovación de licencias (…)", entre muchas otras promesas más, que ya tienen carácter de engaño electoral.

Si bien la propuesta de ley contempla medidas para mitigar el daño, se sabe que la falta de fiscalización hace letra muerta las intenciones. No podemos delegar estas decisiones claves para nuestra biodiversidad marina a un reglamento cocinado en el MAG, ni en una comisión manejada por INCOPESCA, pues no ha habido asomo de ninguna reforma integral de estas instituciones, que hoy son incapaces de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681. Sin embargo, siguen alcahueteando la pesca ilegal en la isla del Coco y la exportación de la aleta de tiburón, acción que fue abucheada internacionalmente con el “galardón” de enemigo mundial del tiburón para el Presidente Solís.

Así las cosas, confiamos que esta iniciativa sea “arrastrada” a morir por su mismo sinsentido extractivista, y que la movilización y opinión ciudadana logre terminar de enterrarla, pues no cabe en nuestro país la minería a cielo abierto ni la pesca de arrastre. El cierre esperado de este triste capítulo es que cada quien eche para su saco y se abone para una nueva visión ecosistémica del mar y en beneficio para toda la sociedad actual y futura.

 

 

 

 

 
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