Por
Mauricio Álvarez Mora, presidente FECON y profesor en Kioscos Socioambientales,
UCR
Hoy se
celebra el Día del Aborigen, pero si no se rompe la indiferencia de las
autoridades estatales en Costa Rica y se da un giro en la relación con los
pueblos indígenas ya en peligro de extinción, desaparecerán en medio de
linchamientos abiertos desde un evidente actuar paramilitar.
En Costa
Rica las formas de violencia organizada ya se han hecho presentes en reiteradas
ocasiones en territorios indígenas como Salitre, Cabagra y Térraba y está
latente en otros territorios también indígenas pero donde predominan los “blancos”
que no les ha bastado con todo lo usurpado si no que siguen robándoles a
quienes son poseedores legales y legítimos de esos territorios indígenas.
La historia de agresión, persecución y racismo contra
nuestros pueblos originarios se remonta a la época de la invasión de los
europeos y se recrudece con la
esclavitud que hasta hace relativamente poco -finales del siglo XIX- era legal
y se vendían en Costa Rica esclavos negros o chinos a 200 o 300 pesos según
fuera de primera y segunda clase.
Pero la
memoria en Costa Rica es flaca, corta y manipulable. Nuestra condición indígena
y nuestra diversidad ha sido y profundamente negada, al punto que estas
indignantes palabras fueron dichas por el entonces Presidente de la República
Rafael Ángel Calderón Fournier, en la II Cumbre Iberoamericana en España, quien
durante una entrevista y en respuesta a una interrogante sobre la conmemoración
de los 500 años de la invasión europea, todavía llamada "descubrimiento de
América", comentó: “En nuestro país no hubo derramamiento de sangre, ni
enfrentamiento con España. Curiosamente, en Costa Rica no había población
aborigen. Este país se forma de inmigrantes que empiezan a llegar hace poco
menos que quinientos años. Humildes campesinos españoles que vinieron a trabajar
y a forjar una nación de paz” (ABC de España, 1992).
Lo cierto
es que en Costa Rica hay ocho pueblos indígenas vivos, o más bien
sobrevivientes a la aniquilación sistemática de personas originarias y su
cultura instaurada en la colonia, sobrevivientes de un genocidio que se sentó
sobre las bases del racismo y el eurocentrismo. Así es como en 2016 unos no tan
humildes y pacíficos "no indígenas" se han dedicado a usurpar,
linchar, machetear y marcar indígenas como ganado.
Y como si
fuera poco en la ASADA de San Juan de Cabagra, que es manejada por “blancos”
nada labriegos y sencillos, fue colocada una supuesta "fuente
pública" para los pueblos indígenas, y no es más que un tubo hecho,
literalmente, para que cerdos succionen agua, un tubo para chancheras que no
tiene llave. Con este denigrante, pusilánime y despreciable acto se puede
entender el contexto de los actos de violencia del 7 de abril pasado donde a
machetazos, en días recientes con armas de fuego se han dejado heridos a varios
indígenas que decidieron recuperar sus propias tierra.
Antecedentes. El 5 de julio del 2014
mientras la mayoría del país celebraba el resultado de la selección en el
mundial fuera de “la cancha”, otros hombres caminando enfurecidos, sin nada que
celebrar, con pañuelos, tubos y machetes decididos a tomar las tierras para
usurpar, esta vez en Salitre, territorio indígena Bribri de Buenos Aires de
Puntarenas. Entre los antecedentes de esta agresión en Salitre están
denuncias que van desde las amenazas de muerte, intentos de homicidio, hasta
las agresiones físicas consumadas por parte de no indígenas en contra de
indígenas de Térraba y Salitre. Una de esas ocurrió, cuando un indígena
Térraba trató de oponerse a la invasión de sus territorios y a la tala ilegal
de árboles, resultando brutalmente agredido (1-9-13). También está el caso de
la agresión en contra de la comunidad indígena por denunciar anomalías en el
colegio de Térraba. Uno de los hechos más grave se dio cuando un grupo de más
de 50 no indígenas con armas de fuego, machetes, tubos, piedras y palos,
atacaron cobardemente a dos familias indígenas de Salitre llegando a machetear,
apuntar dedos y marcar con hierro ganadero a un indígena (Informatico.com 10-8-13).
Referencias
recientes a estos hechos van desde 1989 con el asesinato de Antonio
Zúñiga, indígena luchador en contra de la cacería ilegal, murió en
circunstancias no esclarecidas en el Territorio Indígena de Ujarrás (Diario
Extra, 2-7-15). En 1998 grupos organizados de personas no indígenas
llevaron a cabo en Salitre un “desalojo forzoso” en perjuicio de una familia
indígena, quien por medio de la organización tradicional de la comunidad
interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue acogido
declarando el acto como ilegítimo (Chacón,
2001).
Hace casi 7
años (9-8-2009) ocurrió el vergonzoso hecho donde la policía golpeó y sacó a
empujones de la Asamblea Legislativa a 21 manifestantes indígenas que
demandaban una respuesta gubernamental sobre el futuro de la ley de Autonomía
de los Pueblos Indígenas. Varios indígenas Térrabas enfrentaron procesos
judiciales a raíz de una manifestación pacífica (12-10-2010) en contra del
Proyecto Hidroeléctrico Diquís (Juzgado Contravencional de Buenos Aires, Exp.
10-200754-0634-PE). Esta causa se une al acoso de interesados y promotores del
PH Diquís.
Según los
indígenas, la dirección del proyecto ha estado incitando a la división y
discriminación, diciéndoles a sus empleados que “por culpa de los indios se van
a quedar sin trabajo” (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba,
22/02/2011). Finalmente el Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI en 2009
que dirigentes locales estuvieron recibiendo amenazas en varias ocasiones
(Ver Informe DDHH –CIDH,
2010)
En muchos de estos eventos, se han denunciado los mismos
cuerpos policiales por estar involucrados con el asesoramiento a las bandas
paramilitares para disparar y reprimir a campesinos en Medio Queso durante el
conflicto agrario (Elpais.cr, 11-23-12). El
grupo policíaco paramilitar “Comando Cobra” que fue parte de la Guardia de
Asistencia Rural (GAR) cuyos integrantes fueron condenados por el
asesinato de dos indígenas y la violación de al menos dos mujeres indígenas,
así como por hurtos y privaciones agravadas de libertad (La Nación, 12-5-96).
Con todos estos antecedentes donde el Estado, de manera
directa o por omisión, es el principal responsable, resulta más indignante aún
que el Gobierno actual antes de “pacificar” estos territorios insista en
impulsar un protocolo de consulta tratando de disimular las fauces extractivas
de muchos megaproyectos como Diquís y los intereses sobre los bosques RED + entre
otros que son los intereses detrás de la consulta.
Son muchos los hechos de violencia que solo por milagro no
han terminado en la muerte de un indígena, que se suma a la más terrible de
todas las formas de violencia nuestra indiferencia ante esta situación. Además
de la negación y abandono en que han sido sometidas estas comunidades que solo
son recordadas en efemérides, actos folclóricos y por esos lamentables hechos.
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