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Legalizan agroquímicos sin evaluar impacto en ambiente y salud
martes, 17 de enero de 2017
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  • Sacan a MINAE y Salud del proceso de registro
  • Presentaran acción legal
Se publicó ayer el Decreto N°39995 que legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud. Este reglamento es para los agroquímicos que se registraron en el pasado cuando no habían suficientes estudios científicos disponibles que demostraran que esas sustancias no terminarían en nuestros platos, agua, aire y el ambiente en general, ni mucho menos que podrían causar efectos a largo plazo como serias enfermedades reproductivas, cáncer, parkinson, entre otras. 

Este reglamento para actualización de información de lo que se conoce como “ingrediente activo grado técnico (IAGTs)” y plaguicidas formulados, permite actualizar la información técnica “referenciada”, ósea, copiada de cualquier fuente, sin ser necesariamente propia del producto específico, y aun sabiendo que un ingrediente activo al ser formulado se le adicionan diferentes tipos y calidades de sustancias coadyuvantes que potencializan su poder tóxico, se tiene una total ausencia de conocimiento de las propiedades tóxicas de esas sustancias adicionadas por los diferentes fabricantes.

El Servicio Fitosanitario del Estado sería la única institución que participe en esta actualización, por lo que todos esos registros seguirán sin evaluación de sus impactos y efectos que realizaban los ministerios de Salud y Ambiente. Además, con este reglamento se mantienen los registros por 10 años más, sin saber qué efectos nos están provocando.
 
Todo lo anterior contradice el informe de la Contraloría General de la República (INFORME No. FOEAM-19/2004), que indica que los registros deben evaluarse con base en información propia y no se debe aceptar la información referenciada. Además, es totalmente contrario a la aplicación del Principio Precautorio, pues primero se registra el plaguicida y luego “durante el plazo de vigencia de un registro, cuando los Ministerios demuestren un riesgo inaceptable para la salud humana, el ambiente o la agricultura, el Servicio Fitosanitario del Estado restringirá o prohibirá su uso” (Artículo 7 del presente Reglamento 39995-MAG).
 
El reglamento firmado por el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro Felipe Arauz del MAG, se trataría de un evidente caso de regresión ambiental pues se estarían reduciendo los controles del MS y MINAE para favorecer el lucro de las cámaras agrícolas y de insumos que a final de cuenta beneficiar mayormente a las trasnacionales fabricantes de venenos en perjuicio de la Salud Ambiental del país.
Esto ha colocado a Costa Rica en un lugar nada privilegiado en el mundo: es el mayor consumidor de plaguicidas químicos en la agricultura, según el World Resources Institute (2010), organización vinculada con el Banco Mundial y según la Agencia para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), el máximo rector de la agricultura mundial (FAOSTAT 2010). Este dato fue corroborado el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) que dice que en el país pasó de usar 8,2 kg de ingrediente activo por hectárea en 1977 a 25,8 kg/ha in 2006.  Un 80% de los plaguicidas usados en el país se consideran Altamente Peligrosos (OMS/FAO/PAN) y un 20% ya han sido prohibidos o retirados en la Unión Europea por considerarse que su uso compromete la salud y los recursos ambientales de las futuras generaciones.
 
La FECON está articulando con la academia, agricultores, apicultores, indígenas, partidos de oposición  y sectores perjudicados para  una acción legal para detener este nuevo retroceso ambiental del que ya se ha denominado al MAG como “enemigo del ambiente 2014-2016” y “Ministro de la Agroindustria Transnacional” por serios retrocesos:  al deshonrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña, compromisos de respetar los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos y el etiquetado de los alimentos con transgénicos, en su papel apoyo a la ley de privatización de las semillas, promover el cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal para hacer el embalse Río Piedras y es su responsabilidad que INCOPESCA burlara el principio precautorio y  ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón o en  la insistencia  en un proyecto de pesca de camarón por arrastre.

 
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