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Ciudadanía presenta acción legal en contra de agrovenenos
lunes, 13 de febrero de 2017
firmaton

Frente a la Sala Cuarta, de 4pm a 6pm de este martes 14 de febrero, ecologistas estarán recolectando firmas, con apoyo de diversidad de grupos y de ciudadanía en general, con el fin de  presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos que pretenden beneficiar el negocio de agrovenenos en Costa Rica a costa de nuestra salud y de la naturaleza.

El decreto en cuestión es el 39995-MAG: “Reglamento para la Actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados”, uno de los tres decretos que en los últimos meses ha implementado el gobierno en beneficio del negocio de los agroquímicos sin importar el daño sobre la vida de personas, del país y del planeta en general. Los ecologistas irán accionado distintos frentes legales sobre este “combo” de decretos hechos a la medida de empresas trasnacionales de genéricos y comercializadoras.

Para el agrobiólogo y representante de FECON Fabián Pacheco “con la aplicación de este reglamento se estaría propiciando mantener plaguicidas en el mercado por más de 22 años, sin que las autoridades del Gobierno revisen su riesgo para la salud humana y para el ambiente, pero tampoco su eficacia para el control de plagas.  Por lo tanto, los agricultores también estarían expuestos a la adquisición de plaguicidas que podrían no ser eficaces para el control de plagas, lo cual encarecería sus procesos de producción e innecesariamente contaminaría el ambiente”.

¿Qué implican estos decretos? El decreto 39995-MAG, por ejemplo, define la solicitud tan sólo de datos escuetos para el registro y uso de productos agroquímicos, insuficientes para hacer una evaluación de riesgo ambiental.  Además, el decreto no contempla ningún procedimiento de evaluación de los datos por parte de  MINAE o Ministerio de Salud ni considera que participen en este proceso.

Con este decreto se están incumpliendo las disposiciones de la CGR en el FOE-19, que estableció que para la renovación de registros se debía hacer la evaluación ambiental y de salud de los plaguicidas. En el decreto (art. 7) no solo se violenta el principio precautorio, sino que también se traslada la responsabilidad de la carga de la prueba al MINAE, al MS y al Servicio Fitosanitario del Estado(SFE) : “Durante el plazo de vigencia de un registro, cuando los ministerios competentes demuestren un riesgo inaceptable para la salud humana, el ambiente o la agricultura, el SFE restringirá o prohibirá el uso”.

Para el trámite y publicación de este reglamento, se incumplió con el principio de transparencia, ya que se obviaron los procesos de consulta pública.  Así también lo hizo ver el ministro de MINAE al confirmar la falta de consulta del MAG a dicho decreto ( Prensa Libre, 19-1-2017).

Es preocupante esta propuesta que busca la extensión de registros que tienen más de 12 años de estar en el mercado, sin haber tenido ninguna evaluación de riesgos para la salud y el ambiente. Pero también deben ser de preocupación las implicaciones que tenga una extensión de registro por 10 años más, sin que se haga una revisión de la eficacia agronómica de los plaguicidas.  Es conocido que muchos plaguicidas empiezan a perder eficacia, debido al proceso de generación de resistencia por selección natural de las plagas.

 
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