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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros
miércoles, 22 de febrero de 2017
  • p88-plaguicidas-fumigacin-848x478¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6. 885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 
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