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“Peor que lo mismo”: (des) balance ambiental del tercer año del gobierno
martes, 04 de julio de 2017

guacimal_bloqueosPor Mauricio Alvarez Mora, presidente FECON y profesor en Kioscos Socioambientales de la UCR

Nos acercamos a la finalización del último año de la administración Solís Rivera, que en materia ambiental, destacan numerosos retrocesos ambientales traducidos en acciones, decretos y nuevas propuestas que de cambio no tienen nada.

Al gobierno le quedó grande su propio PACto ambiental promovido en campaña electoral, su hoja de ruta en materia ambiental fue incumplirlo sistemáticamente amparado en excusas y evasivas. El acuerdo solo habría servido para legitimar la repartición de unos cuantos puestos y llevar votos a la campaña electoral. Así, quedaron relegados compromisos como la moratoria a la expansión piñera, transgénicos o detener la pesca de arrastre.

A cualquier precio y por encima de cualquier criterio, el primer año el gobierno fijó su ruta en heredados megaproyectos de infraestructura, por tanto sin cambios en materia ambiental más que el maquillaje para continuar la agenda que venía de administraciones anteriores (FECON,03-05-2015). Para esto aprovechó y profundizó los procesos de desregulación ambiental y de inoperancia de SETENA tratándolos de disfrazar como acciones participativas entre empresarios y burócratas (FECON, 26-2-2015).

Por ejemplo, dos de los decretos que se presentaron como logro aquel primer año fueron la  moratoria petrolera, que no es más que ampliación del plazo que venía de tres gobiernos anteriores, y el decreto de maíz como patrimonio que fue un refrito puesto que se propuso desde el sector ambiental al gobierno pasado (FECON, 03-08-2014).

Por otro lado, el decreto 38500-S-Minae de moratoria a las actividades de incineración de residuos, no resistió la presión de cuatro alcaldes del “PLUSC”, a pesar de tener el aval de la Sala Cuarta.

Como acciones positivas del segundo año podemos destacar el decreto que declaró a los ríos Savegre y Pacuare libres de represas por un cuarto de siglo, lo que concreta una reivindicación de décadas de comunidades y ecologistas, sin embargo la solicitud original fue la protección para siempre de tales ríos. También se reconoce la formulación participativa de una política para el fortalecimiento de 1.500 acueductos comunales (ASADAS) que ordena en algo la materia y que “reivindica” el papel de estos organismos comunitarios.

Sin embargo durante el segundo año se ignoró y contradijo de manera sistemática la agenda pactada en la campaña política. Hoy el Pacto Ambiental es sinónimo de cinismo y decepción cuando vemos la promoción de nuevos mercados para la piña en China, el estímulo a la pesca de arrastre, la exportación de aleta de tiburón o el plan de agua para las transaccionales y empresas en Guanacaste, así como la Ley de semillas, hecha a la medida de transnacionales entre otros.

Para descarrilar el PACto ambiental tres ministerios fueron claves durante estos tres años y medio, el principal el MINAE por omisión y negligencia, que acompañó a esta gestión la reacción del COMEX ante las presiones de la embajada EE.UU. por el tema de transgénicos y contó con una ayuda constante  y orgánica del ministro del MAG.

El MAG ha destacado de manera lamentable, no sólo con sus constantes acciones pro transgénicos en el país, sino que en este segundo período de gobierno se transformó en el “Ministerio de Piña y Agricultura” ocupándose en primer lugar de acelerar la apertura de la exportación de esta fruta para el mercado chino con plena conciencia de los gigantescos conflictos locales, regionales y nacionales ya desatados por fomentar esta economía basada en postres, poniendo en jaque nada más y nada menos que otro compromiso más pactado en campaña por propiciar soberanía y autosuficiencia alimentaria. De hecho, en el mes del ambiente en 2016 la Junta Directiva de FECON designó al MAG “enemigo del ambiente 2014-2016” y aseguró que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional”(FECON, 21-6-2016).

El Ministro del MAG, en “honor” a su labor constante contra los compromisos del Pacto Ambiental, logró pasar a la historia como la fuente de mayores niveles de conflictividad en este ámbito durante esta administración, por su interés velado por reactivar la pesca de arrastre, por su compromiso inclaudicable para el estímulo de la exportación de aletas de  tiburón, por su secuestro sistemático del expediente legislativo de la Ley de Iniciativa Popular sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico, por su respuesta única, unívoca y mentirosa de que en Costa Rica hay un “conflicto” entre productores y “conservacionistas”, cuando los mismos líderes del sector productivo le han mostrado nula consideración y le han maltratado públicamente en repetidas ocasiones (Diario Extra, 4-5-2016).

Toca señalar la deplorable la agenda del Ministro de Agricultura, consagrada a los peores intereses privados. Sus acciones en resguardo de sus adláteres de las cámaras agrícolas han implicado que el país no modernice su legislación hídrica, incluso ha logrado trasladar la representatividad nacional en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES- al Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el miope interés de legitimar la exportación de aletas de tiburones al mercado asiático. En el proceso, incluso, se ha desmantelado un órgano científico-técnico como el CRAC – CITES para transformarlo en un órgano consultivo donde impera el criterio de quienes se enriquecen destruyendo nuestra fauna silvestre marina.

En Costa Rica estamos viviendo una conflictividad en aumento por temas de disputas territoriales y de recursos estratégicos. Según datos del Estado de la Nación, 2014 fue el año con mayor número de acciones colectivas en temática ambiental desde que se llevan registros: se presentaron 57 acciones mientras en 2015 se mantuvo un nivel alto, tan sólo 7 acciones menos que en 2014, donde en materia ambiental “se consolidó una tendencia al aumento de su participación en el total de acciones colectivas, que alcanzó su punto más alto en más de dos décadas (Estado de la Nación, 21 y 22).

Al mismo tiempo vemos durante estos últimos cuatro años aumento de la intolerancia contra el movimientos sociales, incluido el ecologista, algunos ejemplos que lo demuestran fueron conocidos por el Relator Especial de la ONU, Michel Forst, (FECON, 21-9-2016) como el caso del ministro MAG que violando la autonomía universitaria acusa de acciones “belicosas” y de “parar obras en el campo” a docentes y estudiantes ( Semanario Universidad, 14-3-2016), el caso de un  activista que sufrió una amenaza de quemarle su carro ( FECON, 13 -12- 2015), también se presentó el caso reciente de  un activista contra la actividad piñera, a quien  desconocidos le gritaron “deje de estar subiendo esas cosas a redes sociales, sino quiere que le pase nada” (Semanario Universidad, 27-7-2016).

Sin embargo, estos casos no son los únicos ni pueden verse aislados. Así como en este periodo no se detuvo la conflictividad social tampoco los procesos de criminalización, por ejemplo las agresiones y amenazas continuaron en conflictos por la defensa del agua en Guácimo contra  un grupo de  mujeres de la comunidad (FECON, 3-11-2016) así como en contra de un miembro de la ASADA de parte de los interesados en construir un proyecto urbanístico (FECON, 28-10-2016). Fue amenazado una vez más Alcides Parajeles, campesino ecologista quien ha sufrido por décadas persecuciones y atentados por su incesante labor de denuncia en la Península de Osa (FECON, 1-11-2016). También fue agredido Rafael Ángel Abarca un defensor del Río San Rafael en preparativos de marcha contra Hidroeléctrica San Rafael de la megaconstructora H.Solís, por un promotor de dicho proyecto (FECON, 19-11-2016). En cuanto a la judicialización de los casos, diversas organizaciones se pronunciaron y se movilizaron en el marco del juicio contra 5 activistas que fueron procesados por la represión del 8 de noviembre de 2012 en una manifestación en defensa de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) (FECON, 5-4-2017).

Para el tercer año el informe presidencial destacó como logro ambiental un préstamo para infraestructura en el Parque Nacional Corcovado negociado y aprobado en administraciones anteriores. A dos días de inauguradas las instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales invadió parte del Parque dejando en evidencia que aunque “la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda” pues hacen faltan plazas de guardaparques y durante este año tampoco se resolvieron las sus múltiples demandas y necesidades de este sector (FECON, 21-2-2017).

Lo más grave es que los préstamos para las áreas protegidas están en función de crear condiciones para su explotación turística mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen (FECON, 24-8-2016) las áreas protegidas y el conjunto del Patrimonio Natural como:

1.       El proyecto N º 19.899 que Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentaron para reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060) en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pretenden darle la autorización al Estado de construcción de nuevas obras viales en todo tipo de Área Protegidas, incluyendo Parques Nacionales (FECON, 10-8-2016).

2.       La ley 9373 de moratoria en zonas especiales desprotegiendo el patrimonio Natural del Estado (FECON, 15-7-2016),

3.       Diputados de gobierno promueven la geotermia en Parques Nacionales contradiciendo el mismo mandato de Solís que declaró que estos proyectos no serían aprobados en su administración  (FECON, 29-6-2016  y FECON 4-12-2014).

4.       La Ruta 257 al Megapuerto destruyó y redujo parte del Humedal Cariari en Moín y abandonó  la iniciativa de crear un Área Protegida en Playa Moín, deshonrando la única acción  simbólica estatal por realizar ante el asesinato de un activista ambiental, Jairo Mora. (FECON, 30-3-2016).

5.       Mientras en Guanacaste, SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, la cual es parte del sitio de importancia RAMSAR, para hacer el embalse Río Piedras(FECON, 6-9-2016), una iniciativa de llevar agua a Guanacaste para seguir despilfarrándola.

6.       En este año guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida: 93 tiburones muertos de diferentes especies, tan solo rescataron tres vivos entre las líneas de pesca. El Viceministro de Aguas y Mares que defendió anteriormente la matanza de tiburones para la exportación en el Parque Nacional Isla del Coco, al desmentir que hubo pesca ilegal en la isla y que se “trataba de una percepción errónea de los guardaparques”, cuando son quienes denuncian cotidianamente y con evidencia contundente (FECON,24-3-2017).

Sobre el manejo de agua, reconocemos como un logro importante la política de saneamiento de aguas residuales. Otro de los logros resaltado este tercer año por el gobierno fue la “Política Nacional de Humedales” sin embargo hemos denunciado después de su presentación el estado de diferentes humedales designados Sitios Ramsar como la Laguna de Sierpe (FECON, 13.3-2017), la situación del Humedal Terraba-Sierpe amenazado por la expansión piñera ( FECON,21-4-2017) y recientemente se denunció la destrucción del Humedal Caño Negro (Semanario Universidad,3-4-2017) además del mencionado plan de hacer un embalse en Río Piedras que afectaría Lomas de Barbudal que forma parte de los humedales del Parque Nacional Palo Verde (FECON, 6-9-2016).

En el tema marino este gobierno ha insistido en impulsar la pesca de arrastre y la exportación de aleta de tiburón. En CENADA se denunció la presencia de más de quinientos kilos de aletas de tiburón para un "experimento de secado" pero esperan otras 8 toneladas de aletas de tiburón para ser exportadas, principalmente martillo, que el sector pesquero nacional ha acumulado desde que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) prohibió su exportación a partir del 1 de marzo de 2015. (FECON,24-3-2017).

Por otro lado, en materia agrícola destacar como logro ambiental el registro sobre agroquímicos (FECON, 23-1-2017 y FECON,17-12017) es cinismo del más puro. Especialmente cuando dos de los decretos están en litigio legal por irregularidades y cuestionamiento de falta de consulta o transparencia del mismo Ministro de Ambiente (FECON, 07-4-2016 y FECON 13-2-2017). El reglamento fue adversado por la Cámara de Apicultores, distintas unidades académicas universitarias, pequeños agricultores, permacultores y Feria Verde. (FECON, 1-6-2016 y FECON, 6-6-2016). Hasta la Defensoría llamó a cuentas al MAG para una negociación con MINAE y Ministerio de Salud para lograr incluir las observaciones de fondo de estos ministerios que por presión de las Camaras agrícolas fueron excluidas de los decretos ya firmados y publicados.

Con respecto a la generación eléctrica se habla de récord en días generados sin petróleo pero no problematizo el precio que está pagando el ICE a los generadores privados que se proyecta en ₡130.560 millones para 2017 (Grupo ICE, 16-5-2017) y como aseguró el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Manuel Obregón: “la generación eléctrica privada tiene un mayor impacto en las tarifas que los proyectos desarrollados por nuestra Institución”(Grupo ICE, 20-4-2017).

Finalmente el informe presidencial del tercer año de gobierno se destacó la inauguración del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, sin embargo hay que señalar que hay una investigación en curso de los bancos financistas por su desempeño (FECON, 19-11-2016) y cuestionamientos a la gestión ambiental en la construcción del proyecto ( FECON, 12-11-2016 y FECON, 3-6-2016).

Más allá de análisis de los “logros” mencionados en el discurso es importantes hacer la lista de acciones negativas ambientales durante el último año:

1.       Se aprobó Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 que refleja la visión de la economía neoliberal o “economía verde”, en la cual la biodiversidad y los beneficios ambientales que ésta genera se entienden como mercancías (FECON, 22-6-2016).

2.       La falta de control y negligencia del MINAE está sobre concesionando y secando ríos como El Tempisque en Guanacaste, pero también los ríos del pacifico central: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto. Esto no sólo afecta los ecosistemas sino también al agua de comunidades que dependen de estos ríos y la productividad de los manglares costeros( FECON, 26-5-2016).

3.       Las comunidades denunciaron las concesiones de minería, canteras, y tajos que amenazan la Cuenca Río Blanco Limón y un aumento de sedimentación, ya que esto puede agravar los problemas de navegación en los canales en la desembocadura del actual puerto de Moín. En la provincia de Limón existen 42 concesiones para explotación en cauces de dominio público (CDP) y cuatro canteras con permisos, al mes de agosto 2016. En la cuenca de Río Blanco, se ubican en total cinco proyectos mineros, dos en ríos y tres en canteras. En la cuenca vecina, en el cantón de Matina, se acumulan cuatro grandes proyectos de tres tajos y una extracción de piedra. De ellos, uno estaría ya previsto para la ampliación de la Ruta 32 (FECON, 1-9-2016).

4.       Diversas organizaciones ambientales han interpuesto graves denuncias sobra la expansión agresiva y descontrolada del cultivo de la piña. Se presentó una investigación que realizó Oxfam Alemania catalogados por COMEX como “denuncias falsas” pero rechazó una invitación del diputado Edgardo Araya a comprobar en campo dichas denuncias (FECON,4-11-2016). Algunas denuncias cotidianas como la muerte de los peces en Río Peje de Siquirres denunciadas por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) que tomó evidencias sobre la presencia de agroquímicos en el agua para su análisis y posterior denuncia (FECON, 12-2016).

5.       Organizaciones ecologistas y comunitarias siguen denunciando que la expansión de la piña está acarreando grandes costos ambientales y que son pagados por el ambiente y el erario público. Esto quedo en evidencia en la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, donde los responsables de la contaminación no pagaron un colón de más de 8 años de llevar agua en cisterna y los ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA (FECON, 22-2-2017). No se ha visto la intención del gobierno de establecer los procesos legales por el daño ambiental y económico.

6.       Igual actitud del gobierno quedó en evidencia al darse a conocer resultados del Informe “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” (Mocupp), que encontró que del año 2000 al 2015 se perdieron 5.568,98 hectáreas (Ha) de bosque por la expansión piñera. Según el estudio, el área cultivada de piña alcanza 58.000 Ha, cifra que quintuplica las 11.000 Ha que había registradas en el 2000 y bastante alejada de las 37.000 Ha que indicó el censo agropecuario en 2014. Este desfase de 21 mil hectáreas evidencia la falta de control y de planificación estatal sobre este cultivo. El estudio fue realizado con bases de datos estatales, en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de ONU, coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ( FECON, 8-3-17).

7.       La expansión incontrolada y desordenada de piña tiene un nuevo estímulo que es la apertura del mercado de China que se consolidó en este gobierno en franca contradicción y detrimento de su promesa de campaña de establecer una moratoria al cultivo. Este nuevo mercado se caracteriza por los nulos estándares ambientales y sociales. Según los ecologistas la deforestación denunciada en el MOCUPP equivale 8,5% de las emisiones industriales del país. Además, la Industria piñera le debe al país, le ha restado al capital natural costarricense, 7.668 millones de colones al año por deforestación, pérdida protección boscosa, costo por erosión y contaminación por agua (FECON, 21-3-2017).

8.       Diversas organizaciones académicas y ecologistas exigen transparencia y participación en la discusión de biología sintética, lo cual fue rechazado por el gobierno del “cambio” y de la “participación ciudadana” (FECON, 18-11-2016).

9.       Por tercer año consecutivo y sin importar más de 25 mil firmas el Gobierno niega el derecho humano a recibir información sobre lo que comemos al incumplir su promesa de campaña para: “elaborar y aprobar un reglamento para que se realice el etiquetado que informe en los alimentos para el consumo humano o animal si contienen ingredientes genéticamente modificados.” Este es un derecho que ya es una realidad en más de 60 países de los cinco continentes (FECON, 13-3-2017).

10.   Vecinos y Guardaparques del área denunciaron una muerte masiva de peces en Barra del Río Pacuare. Los pescadores de la zona están preocupados por la gran cantidad de róbalos, guabinas, guapotes y crustáceos que están entre las especies afectadas. Los pobladores viven de la pesca y actividades turísticas del Parque Nacional Tortuguero. En el pasado son decenas de matanzas que se han denunciado por agrotóxicos principalmente de las bananeras (FECON,19-4-2017).

11.   Las comunidades y ecologistas que defienden el agua frente al  modelo de megaturismo denunciaron  el mayor retroceso en participación ciudadana de la historia por la Sala IV al rechazar ésta un recurso de amparo que interpuso el Comité de Defensa del Agua de Sardinal pues en su voto se pretende degradar un Derecho Humano consagrado en la normativa internacional y también a nivel constitucional el estatus de derecho humano a la participación en asuntos ambientales (FECON, 16-2-2017).

 

Mientras tanto -y siguiendo la línea discursiva de reseñar los análisis de los dos años pasados- debemos aseverar que han sido las comunidades y ecologistas las que han mantenido luchas importantes para la defensa del ambiente como:

1.       Las comunidades de Alajuela contra la reapertura del relleno de los Mangos (FECON, 4-6-2016).

2.       Las comunidades de Las Vegas y Bijagual en Acosta entierran el Proyecto hidroeléctrico Parritón después de 7 años de lucha contra la  empresa Hidropa S.A. ( FECON, 9-6-2016).

3.       Las comunidades en San Rafael de Perez Zeledón han logrado defender por más de tres años con movilizaciones a la Municipalidad, SETENA y MINAE el rio San Rafael de la intención de construir una represa por parte de la empresa H. Solis (FECON, 21-6-2016, FECON 8-9-2016,  FECON, 7-11-2016, FECON, 9-12-2016).

4.       Diferentes organizaciones y representantes de comunidades indígenas se pronunciaron sobre la Directriz para la construcción de un consulta indígena N°042-MP que sin bien la consideran “una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica …“No estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin  saneamiento territorial” (FECON, 22-6-2016).

5.       Mediante una movilización en defensa de una declaratoria el pueblo Bribri de Talamanca  ha solicitado rechazar la “estrategia indígena a nivel nacional REDD+” que se promueve en el país como una falsa solución al cambio climático contenida en las contribuciones  a la mitigación y políticas nacionales (FECON, 12-8-2016).

6.       Las comunidades y organizaciones agrupadas Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas  se manifestaron en la SETENA y MINAE en  defensa de los ríos y frente a las intenciones de reactivación del Proyecto de Riego “SUDAGUAS” en Guacimal de Puntarenas (FECON, 19-10-2016).

7.       Las comunidades de La Garita de Alajuela lograron el archivo de un proyecto de incineración en SETENA. Después de años de lucha y de ser los mismos vecinos afectados objeto de demandas penales por parte del representante legal de la empresa  -que además amenaza con ser candidato presidencial del partido mejor postor- la SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Proyecto de Residuos Sólidos en La Garita de Alajuela analizado bajo el expediente administrativo Nº 9279-2012-SETENA (FECON,15 -12-2016).

8.       Diversas acciones legales fueron interpuestas en este periodo por distintos decretos, decisiones y omisiones por ejemplo al permiso para sembrar una nueva variedad de algodón transgénico por parte de la compañía Bayer S.A. se le interpuesto una acción de Inconstitucionalidad por la violación al derecho de participación ciudadana en asuntos ambientales (FECON, 22-12-2016).

9.       Los ecologistas demandamos a la Oficina Nacional de Semillas por evadir controles legales en el Tribunal Contencioso Administrativo. La demanda es por el incumplimiento del artículo 80 de la ley de Biodiversidad en el otorgamiento de “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir una “consulta previa obligada” en “busca resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades locales campesinas e indígenas”, según lo dispuesto en esa misma Ley (FECON 9-2-2017).

10.   En una importante victoria legal la Sala Cuarta ordenó proteger Corcovado al declarar con lugar el recurso para la protección efectiva del Parque Nacional mediante un plan que garantice la vigilancia de esta área ante la explotación de madera, la orería y la caza. El recurso al que dio lugar la Sala VI fue interpuesto por ecologistas (FECON, 3-2-2017).

11.   En otra acción legal exitosa del ecologismo en la Sala IV se trae abajo ley que disminuye Áreas Silvestres Protegidas. La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr. La ley buscaba privatizar Áreas Silvestres Protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. (FECON,28-2-2017).

12.   Las comunidades vecinas y organizaciones ecologistas iniciaron una campaña de denuncia y resistencia ante el anuncio para construir un teleférico municipal con inversión privada desde San Gerardo de Rivas, hasta la cima del cerro Chirripó. Esto basado en que ello resultaría ilegal de acuerdo a La ley de Parques Nacionales, Ley Orgánica del Ambiente, Convenciones internacionales y la oposición social (FECON,10 -3-2017).

13.   La lucha de las comunidades y ecologistas que defienden los ríos lograron en este periodo el archivo de dos proyectos hidroeléctricos en la zona sur, se trata del PH Altamira y PH Consuelo, respectivamente octava y novena “víctimas” de la conciencia comunitaria ecologista en lucha por la defensa de los ríos. En la cuenca del Río Grande de Térraba se han proyectado 5 hidroeléctricas públicas y otras 16 privadas que fueron presentadas a la SETENA entre el 2012 y el 2014 con el fin de obtener viabilidad ambiental ante lo cual las organizaciones ecologistas y las comunidades declararon una moratoria civil y ciudadana de hidroeléctricas durante el Diálogo Eléctrico Nacional en octubre de 2014 (FECON, 14-3-2017 y FECON, 28-3-2017).

14.   Diversos movimientos como el agroecológico, cultural, ecologista y comunitario lograron que el Concejo Municipal de Pérez Zeledón Pérez Zeledón se declara mediante un acuerdo municipal el primer cantón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología. (FECON, 10-4-2017).

15.   La Asociación Cívica de Los Chiles, pequeños ganaderos, maestros y otras organizaciones sociales se manifestaron en las calles del cantón norte contra expansión de la piña. En julio del año pasado la Municipalidad de Los Chiles acordó una moratoria a expansión piñera ante la evidencia de impactos ambientales y sobre la salud humana. La Sala Constitucional anuló esta moratoria piñera en Los Chiles lo cual es motivo de conflictos. Según una investigación de la UCR la expansión se disparó con nuevas 4.175 hectáreas entre 2014 y 2015 en solo 7 proyectos solicitando viabilidad ambiental de SETENA (FECON, 1-5-2017).

A manera de conclusión podemos apuntar que el cambio en material ambiental prometido por el Ejecutivo en campaña, se dio pero para agravar más la situación del país. El balance de estos tres años ha resultado “peor que lo mismo”. La acción concreta a favor de ambiente sigue siendo fruto de la movilización de las comunidades, sus acciones legales y la movilización del sector socio ambiental. Los datos del Estado de la Nación evidencian que el sector sigue movilizado a pesar de las muchas formas de cooptación y desmovilización que aplicó este gobierno dando una falsa sensación de aprobación del mandato.

El gobierno ha sabido aprovechar que los movimientos sociales y la sociedad en su mayoría están hartos de la corrupción tradicional de Liberación Nacional y el PUSC y están más dispuestos tolerar las nuevas formas de “corrupción alternativa” que ha practicado el gobierno, una de las más evidentes es mentir, incumplir y hacer lo contrario a lo ofrecido en campaña política, como es evidente con el Pacto Ambiental.

La nula presencia y acción del mandato del MINAE ha generado que volvamos a un esquema donde las decisiones en materia ambiental vienen de las cámaras agrícolas, de transnacionales apadrinadas por MAG y COMEX, lo cual nos devuelve décadas en materia de la arquitectura institucional y política, que a mediano plazo tendrá consecuencias en aumento de la conflictividad, violencia social y mayor ingobernabilidad en general sobre los bienes colectivos. No se crearon verdaderos procesos participativos y los consensos se han generado por la movilización social, tal y  como ha sucedido en el tema energético, donde los empresarios fueron “disuadidos” al reconocer que no hay ambiente ni social ni ecológico para inundar de pequeñas represas los ríos del país y han iniciado un cambio paulativo a proyectos eólicos y solares.

 
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